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«Policías y ladrones en el Perú», por Luis Fernando Cueto
Francois Eugene Vidocq, ex ladrón y ex policía de la Sûreté , fue el primero que escribió sobre policías y ladrones. Él empezó a publicar en 1827, por volúmenes, las historias de sus investigaciones y capturas de criminales, que llamó Memorias. Años después, Edgar Allan Poe, que había leído a Vidocq, se animó a escribir un relato de ficción y publicó, en 1841, Los asesinatos de la calle Morgue, inaugurando de esta manera el género policial. Por muchos años, el cuento se mostró como el modelo más eficaz para contar un caso de intriga y tensión, hasta que, en 1862 apareció, por entregas, en la revista Once Week, El misterio de Notting Hall, considerada la primera novela policial. El autor prefirió mantenerse en el anonimato, y hasta ahora se está averiguando quién fue. La novela le dio mayor empuje al género y aparecieron los llamados novelistas policiales, aquellos que se dedicaban, a tiempo completo, a escribir historias un tanto más largas de enigmas e intríngulis. Arthur Conan Doyle publicó en 1887 Estudio Escarlata y se hizo sumamente famoso.
En realidad, más famoso que él llegó a ser su detective: Sherlock Holmes. Este investigador resolvía casos peliagudos sin hacer mucho despliegue físico, empleando básicamente su raciocinio y su lógica descomunal. Empleaba el método deductivo, iba de la parte al todo, de la punta del hilo a la madeja; cualquier cosa, un pañuelo, un mechón de pelo, un libro, le podía servir de pista para dar con el criminal. Borges lo llamó “rastreador de ceniceros”. Otro investigador deductivo, aparte de bonachón y cara de ingenuo, fue el padre Brown, de G. K. Chesterton. Pero el cura, a diferencia de Sherlock Holmes, perseguía a los delincuentes no tanto para meterlos presos sino para reformarlos, tal como se había reformado Flambeau, su ayudante. Chesterton también puso de moda la novela policiaca colectiva, como El almirante flotante (1932), que escribió en conjunto con sus colegas del London Detection Club. Agatha Christie inventaría al detective Hercules Poirot y utilizaría el método de whodunit (1) para identificar al autor del crimen. Ella, desde su primera novela, El misterioso caso de Styles (1920), optaría por ofrecer una gran cantidad de pistas, al punto que cualquier personaje pudiera caer en sospecha, y, con ello, convirtió al lector en un detective más. En realidad, ella convierte el método en un proceso más inductivo que deductivo, que va del todo a la parte; crea una madeja de pistas, y, no obstante, de ahí debe escoger una sola, un solo hilo, para llegar al criminal.
En respuesta al detective caballeroso y racionalista europeo, en los Estados Unidos se desarrolló, de la mano de escritores como Dashiel Hammett y Raymond Chandler, la novela de espionaje, donde los personajes rebasan el escenario de una ciudad y se mueven por varios países, y la llamada hard-boiled, donde el detective es rudo, impasible, experto en armas y en combate, que no le hace ascos a la tortura ni al chantaje para llegar a sus objetivos, y la ficción está marcada por la violencia extrema, el sexo explícito, las parafilias, y envuelta en un ambiente político-social convulso.
En América Latina, la literatura policial ha tenido distintos rumbos y peculiaridades. Surgió recién en el último cuarto del siglo XIX, en Argentina, cuando Luis Varela publicó el cuento La huella del crimen (1878). Esta demora, con relación a Europa, se puede explicar en el hecho de que el género es preferentemente citadino (tanto detective como criminal necesitan de una ciudad para camuflarse en las calles, entre los edificios y la masa) y tiene como contexto una sociedad donde la burguesía se ha posesionado a raíz de un acelerado proceso de industrialización. La Revolución Industrial despobló el campo y transformó las ciudades del viejo continente, mientras que en el nuevo aún imperaba una economía de características feudal. No obstante, Buenos Aires, merced a las grandes oleadas migratorias, tuvo un crecimiento vertiginoso, caótico, y llegó a ser considerada la ciudad más europeizada de Latinoamérica. De ahí que en esa ciudad aparecieran los cuentos que, junto al antes nombrado, se consideran los primeros relatos policiales de esta parte del continente americano: El candado de oro (1884), de Paul Grousac, y La bolsa de los huesos (1896), de Eduardo Holmberg. El resto de ciudades tuvieron que esperar un rato más.
En Santiago de Chile, Alberto Edwards publicó, a partir de 1912, una saga de relatos detectivescos llamada: Ramón Calvo, el Sherlock Holmes chileno. Este Ramón Calvo es considerado el primer detective latinoamericano. En México, Antonio Helú escribió, entre 1920 a 1925, una serie de relatos que reunió en su libro Pepe Vargas al teléfono. En La Habana, a semejanza del London Detection Club, surgió el Grupo Minorista, el cual publicó, en 1926, en la revista Social, la novela Fantoches, la misma que por muchos años fue considerada la primera policial de naturaleza colectiva en América. Volviendo a la Argentina, diremos que Jorge Luis Borges y Bioy Casares publicaron, en 1942, bajo el seudónimo de Bustos Domecq, Seis problemas para Isidro Parodi, la que vendría a ser la primera obra dentro del género escrita a dos manos. Borges, precisamente, con los cuentos El jardín de los senderos que se bifurcan (1941) y La muerte y la brújula (1942), ambos aparecidos en la revista Sur, transgrediría los límites racionales demarcados por el relato policial europeo, y alcanzaría el llamado relato policial metafísico. Él llegaría a señalar: “Yo diría, para defender la novela policial, que no necesita defensa; leída con cierto desdén ahora, está salvando el orden en una época de desorden”. (2) Sin embargo, pese a sus buenos deseos, en adelante todo escritor se consideraría con derecho a la transgresión, y, en sociedades en desorden, donde el status quo a restablecer estaba regido por aparatos del Estado sumidos en la corrupción, manejados con violación de los derechos fundamentales, produjeron, en Iberoamérica, un cóctel molotov llamado relato neo policial. Además, para construir historias de policías y ladrones en un medio donde ambos tenían casi las mismas características, los nuevos autores echaron mano a ciertos elementos del arte posmoderno. Leonardo Padura señala algunos de ellos: “afición a los modelos de cultura de masas, visión paródica de ciertas estructuras novelescas, creación de estereotipos, el empleo de los discursos populares y marginales, y el eclecticismo, el pastiche, la contaminación genérica, y esa mirada superior, francamente burlona y desacralizadora, que lanzan sobre lo que, durante muchos años, fue la semilla del género: el enigma” (3).
En lo que respecta al Perú, salvo una recién descubierta excepción, diremos que, en líneas generales, el desarrollo del género policial ha ido a la zaga con relación al de otros países de Latinoamérica. ¿Por qué sucedió de esa manera? Nos parece que hay dos explicaciones principales: La Guerra con Chile y el Indigenismo. La primera, que se llevó a cabo entre 1879 y 1885, destruyó la economía peruana, arrasó las haciendas y ciudades de la costa y dejó a Lima en ruinas. La población entera se dedicó a los trabajos de reconstrucción y a liquidar los enconos y enfrentamientos internos que brotaron a raíz de la debacle. No hubo tiempo para escribir, no hubo ciudades donde ambientar los relatos policiales. Aunque sin duda hubo ladrones, casi nadie pensaba en detectives para perseguirlos. En cuanto a la segunda, cabe señalar que, a raíz de la Revolución Mexicana, cobró gran vigor y se manifestó preferentemente en la literatura, la pintura y la música, incluso en la política, llegando a expandirse por casi todos los países de América Latina. En el Perú, país mayoritariamente indígena, tuvo una gran acogida; José Sabogal era el artista más destacado en la pintura, y Daniel Alomías Robles, autor de la sinfonía “El cóndor pasa”, lo era en la música. Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José María Arguedas eran los escritores más reconocidos; ellos, en especial los dos últimos, propugnaban una literatura comprometida, donde el derecho a la tierra y la reivindicación del indio eran los temas primordiales, y llegaron a calar hondo en las preferencias y la conciencia de la gente, incluso en tiempos en que el modernismo ya se había impuesto en el resto del continente y en Europa.
En ese panorama, entre esos dos acontecimientos, llama a extrañeza que se haya producido una destacadísima excepción. El escritor e investigador Ricardo Sumalavia (4) descubrió, en los archivos de la revista Variedades, que dirigiera Clemente Palma, la novela El meñique de la suegra. Esta obra fue publicada, con el subtítulo de Espeluznante novela policial limeña, entre noviembre de 1911 y febrero de 1912, por entregas, en los números del 195 al 207 de la indicada revista. Y lo más sorprendente de todo es que, según la introducción, fue escrita por varios autores “por un grupo guasón y anónimo de diez malos escritores ansiosos de gloria”. Esto quiere decir, si comparamos la fecha de su publicación con la de Fantoches, que vendría a ser la primera novela policial americana escrita en conjunto. Asimismo, es significativo hacer mención que en esta novela peruana se emplea algunos recursos del neo policial, como el tono paródico y el pastiche, pues participan el detective Sherlock Holmes y el ladrón Raffles, personaje este último del escritor E. W. Hornung.
Otro caso a resaltar es el de Manuel Beingolea, escritor nacido en Lima y casi olvidado en el Perú, aunque, a decir verdad, se fue muy joven a España, donde hizo toda su carrera de novelista policial, empezando sus publicaciones en 1914, con la novela Mack Bull, seguida de La señorita Carlota, Una mano en las tinieblas de Constantinopla, La bola de sangre, entre otras. De ahí, hacemos un salto en el arco del tiempo y vamos a caer setenta años después, en 1985, cuando Mirko Lauer, con el seudónimo C. C. García, publica Pólvora para gallinazos. Ambientada en los primeros años de la década del 80’, la novela, que es muy sencilla en recursos narratológicos, narra la historia del secuestro y rescate de un joven perteneciente a la alta sociedad. No obstante, hay que reconocer que en el relato ya aparecen los síntomas de la corrupción en las fuerzas policiales y los primeros atisbos de la violencia subversiva. Como dato curioso, se debe advertir que, en el Perú, el género no ha hecho sus primeros pinitos en el cuento, sino que, directamente, se ha posesionado en la novela. Sin embargo, es necesario recalcar que, antes de retomar la senda de los libros, el género policial debutó en la televisión, con las series “Gamboa” y “Barragán”, nombres de detectives que entretuvieron a toda una generación con sus investigaciones siempre exitosas.
Como no podía ser de otra manera, Mario Vargas Llosa viene a apuntalar el género policial peruano y publica, al año siguiente, ¿Quién mató a Palomino Molero? Considerada por muchos, junto con Lituma en los Andes, una de las obras más modestas del laureado escritor, la novela, centrada en la vida y posterior investigación acerca de la muerte de Palomino, en realidad no descubre nada y deja a todos en ascuas. Cantante de boleros, valses y tonderos, recluta de la Fuerza Aérea, el personaje central es encontrado muerto, con signos de haber sufrido horrible tortura. A partir de ese momento, su historia es reconstruida por los relatos de los demás personajes, en una suerte de coro o polifonía alrededor del cadáver. Algo parecido a Mientras agonizo, de Faulkner. Con manejo de elementos de la cultura de masas, Vargas Llosa se vale de la estructura de la novela policial, no para descubrir el enigma, sino para mantenerlo como dato escondido, pues la historia acaba insinuando que los que habrían matado a Palomino no serían los subversivos de Sendero Luminoso, sino sus mismos compañeros de armas, pues este habría cometido la osadía de enamorarse de la hija de un oficial de alta graduación. En realidad, la novela resulta demasiado grande para móvil tan insulso. Ya no estamos en la época de las novelitas románticas del siglo XIX; ahora cualquiera se enamora de cualquiera, y, si el mundo se opone, se manda a mudar con su pareja y sanseacabó el asunto. Empero, se debe reconocer que el autor, como maestro en el arte de la narración, hace gala de sus destrezas y ofrece una serie de recursos narratológicos, como los vasos comunicantes, el dato escondido, los discursos directo, indirecto e indirecto libre, los diálogos telescópicos, el multiperspectivismo, la prolepsis, los flash backs, y orienta los temas hacia el racismo, la subversión, la violencia, la corrupción y las diferencias sociales.
Carlos Calderón Fajardo publica, en 1990, La conciencia del límite último, un híbrido entre crónica periodística y relato policial. La historia es sencilla: a un periodista, el Flaco, le encargan narrar todos los días una historia en la sección policial. Y el narra y narra hasta que se le agota la sesera. Entonces, misteriosamente, cuando ya no tiene qué contar, le llegan unos sobres con nuevas historias. Las firma un tal Cazador de moscas, personaje que nunca aparece. Los relatos se publican y, a los pocos días, los crímenes que se cuentan se producen en la realidad. La lógica se invierte. El criminal anticipa sus delitos. De pronto, deja de mandar los sobres. Y todo hace suponer que la policía, siguiendo el iter críminis del próximo delito, lo ha esperado en el lugar anunciado, y lo ha capturado. Historia sencilla pero interesante, sumamente ingeniosa.
Las novelas posteriores, aparecidas en la década del 90’, tienen en común el trasfondo de la dictadura de Alberto Fujimori, la presencia de Sendero Luminoso y el MRTA, los atentados, los cochebombas, los apagones, y la guerra sucia desatada por el Estado en su lucha contra la subversión. Ese es el contexto de la novela de Fernando Ampuero Caramelo verde, publicada en 1992, el best sellers de las policiales, pues ya se han realizado siete ediciones de ella. Una femme fatale, Mabel, engatusa y seduce a un joven e inexperto Carlos Morales, quien se desempeña como cambista de dólares en la calle Ocoña (primera cuadra del jirón de La Unión, en Lima). Desde que se involucra con ella, el cambista es perseguido y atacado, se libra de varios atentados, vive a salto de mata. Al final, termina con ella, y todo cesa. Y él, y los lectores, se quedan con la sensación de que algo faltó, pues, aunque sospechan que todo se debía a su relación con Mabel, no saben quién ni por qué desataba la violencia.
En el año 2006, Santiago Roncagliolo gana el premio Alfaguara con la novela Abril rojo. Ambientada en la década de los 80’, en la ciudad de Ayacucho, cuando esta se convirtió en el punto neurálgico de las acciones de Sendero Luminoso, la novela cuenta las peripecias del fiscal Chacaltana, que investiga una serie de crímenes, sin lograr resolver ninguno, y, al final, termina loco, confeccionando atestados disparatados. Empieza como whodunit y acaba como un thriller, aquella vertiente que intenta restablecer el orden social, aunque, en la novela, el orden nunca es restablecido. Chacaltana fracasa en su misión (qué orden puede restituir un hombre que va perdiendo la razón), es rebasado por los hechos, envuelto en un torbellino de violencia y terror. La novela también queda pequeña en relación al conflicto, a la realidad, no tiene el poder de verosimilitud, no es creíble; se hace evidente que el autor no conoce Ayacucho, no conoce de investigación policial, no sabe de jerarquías militares (un sargento da órdenes a un comandante), no sabe cómo funcionan las máquinas (un helicóptero retrocede en el aire), no sabe cómo hablan los pobladores de la zona (los ayacuchanos se expresan como limeños miraflorinos), y, lo más desconcertante, Chacaltana no es un fiscal en lo penal sino en lo civil. Con razón acabó loco.
Isaac Goldemberg, escritor de ascendencia judía, presentó, en el 2010, su novela Acuérdate del escorpión. Se trata de la historia del capitán cocainómano Simón Weiss, encargado de investigar la muerte de dos ancianos, un judío y un japonés, miembros de dos minorías étnicas en Lima. En sus pesquisas, el policía recorre los distritos marginales de la capital, Barrios Altos, El Rímac, Breña, y descubre que los ancianos difuntos estaban vinculados con las mafias judías, japonesas y de nazis en retiro. Al final, asqueado de lo que encuentra, decide pedir su baja de la policía. Quizá lo más interesante del relato, más incluso que la trama y los enredos amorosos de Weiss, es la descripción de Lima, del Perú, que se presenta como un espacio en ruinas, infestado de ratas y cucarachas, donde la corrupción y la violencia ya es imposible de revertir. Como nota nostálgica, se puede apreciar que el detective también canta, a lo igual que Palomino Molero, y acompaña el desarrollo de la narración con la música de fondo de valses criollos de Felipe Pinglo, como “Sueños de Opio” y “El Plebeyo”, propios de una Lima que se fue.
Todas estas novelas parecen, en el fondo, que están en busca de algo mayor, de algo que no logran alcanzar, y aprovechan el tránsito para criticar a la sociedad, al orden, y a las dictaduras instauradas supuestamente para devolver la legalidad al país. Pareciera que, aunque soterrado, ese es el verdadero propósito de la literatura policial peruana. Sin embargo, como obra de arte, la novela, más que retratar a la sociedad, debe representarla y, si se puede, reinventarla. Los autores mayores siguen aún muy impresionados por Piglia, y los más jóvenes por Bolaño. Es legítimo que tengan sus preferencias, sus gustos, pero el policial peruano debería tener sus propias características. Hasta ahora, las novelas policiales peruanas han pecado de superficiales, de inacabadas e ingenuas.
Los novelistas peruanos están mirando mucho afuera para configurar la trama, y solo miran adentro para el telón de fondo. Y la trama que más le gusta es la de Piglia, la de Plata quemada, y no se dan cuenta de que esa novela es absurda, un mal sampleo de La muerte y la brújula. A ningún jefe policial de verdad se le puede ocurrir, sabiendo adónde van a ir a refugiarse los delincuentes, dedicarse a sembrar el lugar de micrófonos, en vez de poner efectivos para realizar la captura. Pero se le ocurrió a Piglia, por su prurito de hacerse el artificioso y meterse en la historia, como el escucha Roque Pérez, y provocó una mortandad innecesaria y, de paso, convirtió en héroes a una gavilla de descerebrados. Si eso hubiera sucedido en la realidad, ese jefe de la policía debió ser dado de baja y conducido a la cárcel. Para alguien que haya estudiado algo de investigación criminal, esa acción es sencillamente inconcebible. Pero la gran mayoría de lectores no son peritos en investigación criminal, y se tragan todo lo que el autor les da. En realidad, muchos de ellos, más que en sus conocimientos detectivescos, basan su éxito en la excesiva confianza que tienen en la ingenuidad del lector.
En La muerte y la brújula Borges también abusa del lector pero en grado menor. ¿Si Lonnrot sabía que Scharlach el Dandy iba a cometer un cuarto crimen en una casa solitaria, por qué no se le ocurrió ir a ese lugar con refuerzos, por qué no pensó que el delincuente estaría acompañado de sus secuaces? Una máxima de la operatoria policial es no hacer intervenciones en inferioridad de condiciones con el delincuente. Ni siquiera en igualdad de condiciones. Las intervenciones, cuando son planeadas, siempre se hacen sobre seguro. Lonnrot debió haber pedido ayuda, al menos, a su colega Treviranus, e ir a hacer una captura segura. No lo hizo así y pagó esa estulticia con su vida. En cambio, el criminal Scharlach el Dandy fue más inteligente. Sabiendo que el detective iba a ir a la escena del próximo crimen, lo esperó con otros delincuentes. Eso hubiera hecho la policía en Plata quemada, y se hubiera ahorrado tanta muerte. O, en todo caso, se hubiera ahorrado la novela.
¿Qué hace falta para alcanzar una literatura policial peruana, no digamos auténtica —en literatura no se puede hablar de autenticidad, menos en la policial—, pero sí representativa? En primer lugar, mirar menos a los costados. Después, crear, recrear la realidad, no como telón de fondo sino como protagonista. Cuesta decirlo, pero en el Perú se vive una especie de thriller eterno: el intento de restablecer un orden que no se conoce. No se puede restablecer la justicia porque, lamentablemente, el orden que debería representarlo es injusto. Las personas se mueven en un status quo viciado, contaminado de corrupción, de violencia, de mentiras. El status quo peruano es lo más parecido al caos. Pero ahí pululan las historias. Basta ir a un juzgado y revisar los expedientes. En el Perú funcionó la PIP (Policía de Investigaciones del Perú), el cuerpo de detectives más eficaz de Latinoamérica; sus archivos alimentaron la serie televisiva “Gamboa”. Hay que ir a esos archivos y volver a leer cómo se resolvieron los casos más intrincados. Las historias que vamos a encontrar, y las que vemos a diario, son más sórdidas, más lacerantes, pero, a la vez, más intensas y convincentes que las que nos cuentan nuestros vecinos; hay que recrearlas y llevarlas a los libros. Después de más de cien años de mirar a los costados, es hora de hacer novelas policiales a la peruana.
(Artículo publicado en la revista impresa Lima Gris 17)
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- Inventado por Poe en su primer relato, y que se deriva de la reducción de la pregunta en inglés Who has done it?, who’s done it? –Quién lo hizo?
- Declaración aparecida en el capítulo El cuento policial, del libro Borges oral, publicado por Bruguera, Barcelona, 1980, pag. 88.
- Modernidad y posmodernidad: la novela policial Iberoamericana, texto de Leonardo Padura, revista Hispanoamérica, Año 28, Número 84, 1999, pag. 37-50.
- El meñique de la suegra y los orígenes de la novela policial en el Perú, texto de Ricardo Sumalavia, aparecido en la revista Quehacer, Número 134, Lima, enero-febrero 2002, pag. 122-124.
BIBLIOGRAFÍA
Ampuero, Fernando 2006 Caramelo verde. Lima. Alfaguara.
Borges, Jorge Luis 1980 Borges oral. Barcelona. Bruguera.
Calderón Fajardo, Carlos 1990 La conciencia del límite último. Lima. Mosca Azul.
Goldemberg, Isaac 2010 Acuérdate del escorpión. Lima. Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Lauer, Mirko 1985 Pólvora para gallinazos. Lima. Mosca Azul.
Padura, Leonardo 1999 Modernidad y posmodernidad: la novela policial en Iberoamérica. Revista Hispanoamericana. Año 28. Número 84.
Piglia, Ricardo
2000 Plata quemada. Barcelona. Anagrama.
Roncagliolo, Santiago
2006 Abril rojo. Lima. Alfaguara.
Sumalavia, Ricardo
2002 El meñique de la suegra y los orígenes de la novela policial peruana. Revista Quehacer. Lima. Número 134.
Vargas Llosa, Mario 1992 ¿Quién mató a Palomino Molero? Barcelona. Seix Barral-Biblioteca Breve.
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Corporación Wong buscaría adquirir el Grupo El Comercio
Negociaciones se encontrarían muy avanzadas, teniendo como principales postores a la familia Wong, dueña de Willax TV, y Zest Capital.
Como diría una popular canción de Calamaro: “no se puede vivir del amor” y en el medio periodístico no se puede subsistir de canjes, subscripciones o coleccionables. Para nadie es novedad que el papel viene cayendo rendido al mundo digital y el tiraje de los otroras medios poderosos son tan ínfimos que a las justas se puede pagar a uno que otro redactor o practicante.
Desde hacer más de una década el diario El Comercio viene sufriendo un duro revés en sus cuentas y atrás quedaron los días dorados de bonanza y prestigio, teniendo como consecuencia directa que la familia Miró Quesada sea una de las más poderosas del país, otorgándoles barrigas llenas y días de prosperidad. Para mala fortuna de alguno de sus integrantes, los tiempos cambian y la inextinguible fuente de riqueza luego de varias décadas finalmente pudo mostrar lo que había al final del envase, ocasionando la alarma de ese clan.
Viendo que ahora no pueden costear su fastuosa y acomodada vida, muchos de ellos han vuelto la mirada hacia su “gallina de los huevos de oro” preguntándose por qué ya no produce como antes. La respuesta, obviamente, se encuentra en el crecimiento exponencial de las redes sociales que de manera paulatina, pero agresivamente, les han ido quitando marcas auspiciadoras. Es por ello que antes de que el barco termine por hundirse los accionistas del Grupo El Comercio (GEC) vienen evaluando venderlo al mejor postor.
Una fuente de la revista Semana Económica indica que las negociaciones ya se encuentran en la etapa de ofertas no vinculantes, teniendo como a los principales postores la Corporación Wong, dueña de Willax Tv, y la gestora Zest Capital.
El caso del GEC resulta muy particular, pues cuenta con muchos accionistas, muchos de ellos viviendo de manera parasitaria, viviendo de las utilidades de lo que fuese la gran casa del periodismo peruano, impidiendo muchas veces llegar a un acuerdo consensuado entre los demás accionistas. Sin embargo, cuenta la citada fuente de Semana Económica, los accionistas finalmente habrían llegado a un acuerdo para vender el GEC, viendo año a año que sus cifras tienen una triste tendencia a la baja.
Gran parte de la decisión de vender se explica por el actual momento del negocio del conglomerado de medios. Y es que el Grupo El Comercio atraviesa una de las situaciones financieras más difíciles del último tiempo. Su EBITDA, por ejemplo, cayó de más de S/130 millones en 2022 a apenas S/42 millones en 2024. Pese a ello, el holding ha mantenido una política constante de reparto de dividendos. “Financieramente, esos números no son buenos. Indican que están perdiendo capacidad de generar resultados propios y la proporción de la deuda sobre la capacidad de pago está aumentando”, explica el docente de finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang.
Por su parte, la presidenta del directorio de Plural Tv (que abarca América TV y Canal N), Maki Miró Quesada, consultada por una posible venta, respondió no tener “conocimiento de ninguna negociación”. El asunto es cuánto tiempo más pretenderán ocultar el sol con un dedo.
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Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística
Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.
Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.
Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran
Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.
«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.
La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.
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Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales
La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.
La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.
Una estrategia judicial
Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.
Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.
Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.
Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).
Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).
Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).
Demandas por beneficios millonarios
El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.
Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.
Por ejemplo:
Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.
Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.
Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.
A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.
En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.
¿Les corresponde por ley?
La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.
Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.
Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.
En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.
Reincorporados, no nuevos contratados
Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).
Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.
Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.
Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.
En busca de más millones
La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.
Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.
Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.
Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.
El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:
Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.
Serafín López Fabián: S/ 479,368.34
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.
Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.
Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.
Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.
Total estimado:
S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.
Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.
¿De dónde saldrá el dinero?
El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.
Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.
Una ejecución presupuestal en crisis
La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.
Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.
Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.
El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?
Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.
Eva López.
El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.
Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.
Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.
Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.
Actualidad
El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel
Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.
El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.
Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.
Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.
Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.
No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.
Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.
¿Un viaje de “interés nacional”?
Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?
Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.
La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.
Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.
También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.
Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.
Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?
Un distrito que espera soluciones
Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.
La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.
Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.
Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.
El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.
Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.
¿Turismo disfrazado de gestión?
El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.
El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?
El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.
¿Una nueva tendencia en la política local?
Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.
Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.
En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?
La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.
En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?
Actualidad
Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave
Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.
En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.
El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.
Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.
“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.
Exigencias al Estado
Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:
- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.
Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.
Un paro con raíces sociales y económicas
La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.
La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.
La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.
Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.
El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.
Actualidad
Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’
Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.
Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.
La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.
Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.
La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.
Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.
Actualidad
Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios
El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.
El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.
Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.
La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.
Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.
Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.
Actualidad
Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO
La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.
Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.
Siete carreteras bloqueadas
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:
Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.
Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.
Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.
Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.
Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.
Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.
Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.
La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.
Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.
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