Imagínese poder tomar un avión por menos de 1 dólar y conocer ese lugar paradisiaco que tanto deseaba conocer. Pues, aunque parezca increíble el pasado lunes un sitio de viajes comenzó a vender pasajes de avión a precios ridículos en Argentina. Es así que varias personas lograron hacerse de pasajes a Europa, Estados Unidos e incluso Qatar para el mundial a menos de 1 dólar americano.

Se trata de la agencia eDreams que por alguna falla en su sistema comenzó a vender pasajes a cualquier destino por menos de 10 pesos argentinos, informó el medio digital El Perfil.

El periodista Mauro Albornoz narró su experiencia en Twitter comprando pasajes a precio irrisorio.

“Hay un error con la web de eDreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos. La página está caída y aún no hay un comunicado sobre lo que pasará con los pasajes comprados a 4 pesos”, escribió el periodista y adjuntó una imagen de su pasaje a Río de Janeiro a solo 4.72 pesos.

El Mundial Qatar 2022 también estuvo en la mira de quienes se enteraron del error de eDreams. El influencer Chapu Martínez compró cuatro pasajes de ida y vuelta a Qatar a solo 150 pesos (1.30 dólares).

“Me avisan que hay una oferta que no tiene sentido, vale diez pesos un vuelo a Qatar (…) Hay una realidad: oferta publicada, oferta respetada. No debo ser yo solo. Sacaron un montón. Esto es para todo el mundo, hay un japonés que sacó un pasaje a Barcelona. Hay mucha gente que está en este momento ante una relación rara. A nosotros nos llegó la confirmación de la empresa, por la aplicación, por los chats, también del vuelo, por la aerolínea, hasta la tarjeta de embarque. En el homebanking tenemos el débito hecho por la empresa”, declaró Martínez.

El día del error, la página de eDreams estuvo inactiva, pero luego volvió a funcionar con normalidad y ya con los precios de mercado restablecidos.

El periodista Mauro Albornoz comentó que varias personas que compraron han recibido la confirmación de sus pasajes, a otros se les ha cancelado. En ese sentido, explicó que la empresa podría cancelar los viajes aduciendo que el error es notorio, pero que existe un antecedente donde una aerolínea que cometió un error similar a eDreams tuvo que indemnizar a los compradores.

Por lo pronto, en las redes varios compradores de estos pasajes a precios irrisorios anuncian que irán en una demanda conjunta contra la empresa.

Finalmente, el mismo periodista siguió el caso y recordó que “Despegar tuvo hace unos años un error similar y debió hacerse cargo” y luego habló de otro antecedente: “Atención: hay un fallo que obligó a una aerolínea a indemnizar a argentinos que compraron a precios irrisorios en 2021.”

La Cámara en lo Civil y Comercial consideró que “la oferta no puede estimarse inválida, aun cuando esté fuera de debate que la aerolínea incurrió en un error”.

El 23 de agosto de 2016, Solsiret Rodríguez Aybar, estudiante de Sociología de la Universidad Federico Villarreal, desapareció de la casa donde vivía con su pareja, Brian Villanueva, y con sus dos hijos pequeños. En la misma casa vivía, además, la familia de su pareja. Sus padres la buscaron por todo Lima, salieron en televisión, tuvieron el apoyo de los noticieros radiales y de colectivos feministas que realizaban plantones exigiendo más interés de parte de las autoridades por este caso, que se suponía un feminicidio más. La búsqueda fue larga e infructuosa y no hubo comisaría ni hospital que no visitaran los padres buscando a su hija. Pero Solsiret Rodríguez nunca salió de aquella casa en el Callao. O al menos no salió completa.

Aquella noche del 23 de agosto de 2016, Solsiret tuvo una fuerte discusión con su concuñada, Andrea Aguirre, quien, al ser descubierta cuatro años después, confesó que la había matado de manera accidental y que, por temor a lo que pasaría, había llamado a su pareja, Kevin Villanueva (hermano de Brian Villanueva, gemelos), para que vieran juntos qué podían hacer. Entonces la descuartizaron. Andrea Aguirre se quedó con la cabeza de Solsiret, que mantuvo en un envase plástico, en el baño de la casa de sus padres. Una pierna seccionada en tres partes estaba en su ropero, las partes envueltas en periódicos. Los brazos, la otra pierna y el torso fueron enterrados en varios lugares del Cercado de Lima por su pareja, Kevin Villanueva.

Luego del espantoso crimen, la madre de Brian Villanueva, Yolanda Castillo, sabiendo del crimen cometido, cambió los muebles y el piso de la habitación donde su hijo y su nuera asesinaron y desmembraron a Solsiret. Brian Villanueva fue a la comisaría a denunciar a Solsiret por abandono de hogar y luego, como evidencia de que Solsiret seguía viva pero lejos de su hogar, mostró a la policía el registro telefónico de las supuestas llamadas que él recibía cada cierto tiempo, supuestamente de Solsiret. El celular de Solsiret lo tuvo siempre Andrea Aguirre.

Condenados ambos a una prisión preventiva que terminó el pasado 12 de mayo, los acusados de homicidio calificado (y probable feminicidio en una figura legal llena de vacíos a la fecha), saldrán libres esta semana por exceso de carcelería, en lo que se ha considerado una burla a la justicia y a los padres que, desde el momento en que apareció pare del cadáver de su hija, no ha cesado de exigir justicia en todos los medios de comunicación posibles. Y es esto último lo que ha llamado la atención: el día de hoy el padre de Solsiret denunció en los noticieros matutinos que han sido los mismos colegiados que ven el caso quienes le han advertido que se aleje de las cámaras y que no declare a la prensa porque “esa presión no va a influir en su decisión”. ¿A qué decisión se refieren? ¿A que quizá están considerando la posibilidad de declarar inocentes a dos asesinos confesos? ¿A eso se refieren los jueces?

Mientras tanto, la justicia, esa estatua cuyos ojos están cubiertos con una venda mientras sostiene una balanza, adquiere un nuevo significado. El de la vergüenza.

La vulnerabilidad de los niños y niñas expuesta en su máxima potencia. Un reportaje del programa Punto Final reveló que al menos desde el año 2017 el Estado viene enviando a los infantes a distintos centros de rehabilitación para adultos con problemas de drogas, desatándose así un serio problema sobre la ubicación de los menores de edad.

El programa dominical recogió el testimonio de dos adolescentes que fueron llevados en el 2017 al centro evangélico para rehabilitación de drogadictos y alcohólicos “Jehova Jireh”. Ellos contaron que el pastor a cargo los castigaba a correazos.

Dos años después, en el 2019, fueron rescatados 14 menores que eran maltratados en forma deplorable en el centro “Imanol” de San Juan de Lurigancho. Cinco de estos menores estaban en ese hogar por encargo del Ministerio de la Mujer, detalló la fiscal Cristina Gómez.

El pasado 4 de abril, la congresista de Acción Popular Marleny Portero, quien se encontraba acompañada de una fiscal de familia, visitó el centro de rehabilitación “Vittale” de Santa María de Huachipa. En sus instalaciones se encontraron a 36 adultos compartiendo los ambientes con 6 menores de edad; cuatro de los niños habían sido enviados por el Ministerio de la Mujer.

Por su parte, César Cárdenas, director de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), informó que se ha iniciado un proceso para sancionar a los responsables.

Según un comunicado del MIMP, el país presenta un déficit de centros de atención residencial, agravado tras la pandemia, que ha dejado alrededor de 80 mil menores de edad en la orfandad.

Por su parte, la titular de esa cartera, Diana Miloslavich, adelantó que su despacho se encuentra investigando los hechos de violencia, pues algunos menores denunciaron que fueron maltratados y expuestos a dormir en una misma habitación con adultos en rehabilitación.

“Desde el ministerio de la Mujer nos encontramos en constante investigación frente a hechos de violencia. Por ello hemos iniciado la reestructuración de las Unidades de Protección Especial UPES. Siempre con el compromiso de garantizar y defender los derechos de las infancias y adolescencia”, expuso la ministra de la Mujer en Twitter.

El ex parlamentario luego de escuchar por la radio diversas acusaciones contra su persona, fue hasta la cabina de radio Sol e ingresó en pleno programa en vivo para increpar a Jorge Galindo sobre los comentarios que Wilder Ruiz Loayza señala como difamación.

“Sus comentarios durante meses lo tengo todo grabado. Con la risa hipócrita y burlándose de mí lo tenía al frente y ya no me controlé. A Jorge Galindo le debe estar pagando algún grupo económico”, mencionó el ex parlamentario.

En pleno programa en vivo, Wilder Ruiz Loayza le increpó diciéndole: “La verdad a mí me sorprende Jorge. Yo que te he abierto un espacio para que trabajes en el Congreso, yo te he dado de comer varias veces, yo que te he tendido la mano cuando más lo necesitabas, y ahora tú vienes a hablar hue… de mí. Quiero que ahora lo aclares o lo demuestres, o en todo caso, espero una disculpa pública en este momento”.

Según el parlamentario los comentarios son difamatorios y tiene registrado varios que el comunicador realizó durante los últimos meses.

Wilder Ruiz Loayza ha estado en la permanente defensa de la azucarera Anduahuasi y de sus trabajados. Para el ex parlamentario, detrás de la difamación estaría el grupo Bustamante. Intentamos comunicarnos con el conductor de radio Sol pero no recibimos respuesta.

Aquí un fragmento del programa donde el ex congresista explotó y agredió al conductor Jorge Galindo.

La activista por los derechos humanos en Venezuela, Paulina Facchin, denunció el pasado miércoles que el gobierno peruano le ha notificado una resolución de expulsión del país luego de vivir más de 10 años en Lima. Según explico la activista, las autoridades nacionales argumentan que ella mintió en la información brindada durante el proceso que realizaba para conseguir la nacionalidad peruana.

“Debido a la persecución política que sufro, en el 2018 solicité la nacionalidad peruana, cumpliendo con todos los requisitos jurídicos y eso se convirtió en un proceso arbitrario y una cacería de brujas al mejor estilo del Chavismo, pero en Perú”, manifestó la abogada venezolana para RPP.

“Se expuso en redes sociales información personal y familiar en redes sociales y en agosto del 2020 me informan que se inicia un proceso de expulsión arbitrario. Ellos alegan que yo he mentido en el momento de la solicitud de la nacionalidad, cosa completamente falsa“, añadió.

De acuerdo a Facchin, el proceso cerró un año después con un resultado a su favor, pero de manera sorpresiva reabrieron el caso para luego sentenciarla y de esta manera ser enviada a su país natal.

“Yo me defendí y se cerró el caso en agosto del año pasado, pero lo reabrieron el viernes y dos veces estoy siendo juzgada por la misma situación. En ningún momento se me ha permitido acceso al expediente. Yo trabajo en un estudio jurídico, yo presenté mis credenciales correspondientes que fueron aprobadas por el ministerio de Trabajo y en Migraciones”, sostuvo Facchin.

Para la activista, esta persecución viene iniciando desde el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, y se materializa cuando en los países “gana el gobierno socialista del siglo XXI”. Nicolás Maduro me quiere llevar a Venezuela por denunciar sus acciones contra los derechos humanos. Convertirme en una nueva presa política”, afirmó.

Por otro lado, indicó que si bien fue notificada recién hoy, la Policía Nacional puede ejecutar en cualquier momento la expulsión y solo queda esperar que ellos procedan a capturarla y repatriarla a su país.

Colectivo “Amigos de Venezuela” en contra de extradición de activista

El colectivo “Amigos de Venezuela” lamentaron que el Poder Ejecutivo haya decidido expulsar a la activista venezolana Paulina Facchin, quien es una de las mujeres críticas del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en nuestro país.

“Nuestra más enérgica protesta y rechazo a esta decisión, que tiene por objeto acallar la voz de una activista de los derechos humanos, perseguida política en su patria, que se ha caracteriza por representar en el Perú a los sectores democráticos venezolanos, de cuyo trabajo damos fe”, se indica en un documento.

Asimismo, plantean que la resolución en su contra debe ser dejada sin efecto ya que existe el grave riesgo de que funcionarios, influenciados por el chavismo, la expulsen a su país natal.

De esta forma, violarían “El art. 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que señala que en ningún caso puede ser expulsado a otro país, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo a violación a causa de sus opiniones políticas”, se lee en el escrito. De acuerdo al colectivo, si Facchin regresa a Venezuela le esperaría la cárcel y el alto riesgo de perder la vida.

En otro sentido, los ‘Amigos de Venezuela’ añadieron que resulta escandaloso que el Gobierno peruano no haya expulsado a los delincuentes venezolanos con permanencia ilegal en el país, pero sí quieren expulsar a “una persona honorable, abogada registrada y que reside en Perú desde hace 11 años con su familia”

Un error que podría costar demasiado alto para salud de miles de escolares. De acuerdo a un informe del programa Punto Final dio a conocer que el Ministerio de Educación (Minedu), a través de la UGEL 05, la cual se encuentra a cargo de más de 45 colegios del distrito de San Juan de Lurigancho, compró jabones para desinfectar pisos y repeler plagas y los distribuyó a diferentes colegios públicos de dicho distrito; no obstante, fue usado para el lavado de manos de docentes y estudiantes.

Según una Resolución Directoral de fecha 17 de agosto de 2021, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), le otorgó a la empresa Daryza una autorización sanitaria para la fabricación y comercialización de desinfectantes y pluricidas. Sin embargo, en el producto cuestionado no figura el dato de la forma de uso, con lo cual se estaría infringiendo la información del proyecto de rotulado.

Este producto puede producir severos daños a la vista, un daño renal y efectos a largo plazo. Incluso, puede llegar a alterar el sistema nervioso porque puede tener partículas de metales pesados. De acuerdo a documentos del portal Perú Compras, el Estado adquirió 89.222 unidades de dicho jabón, por un valor de S/ 439.284. La UGEL 05 de SJL recibió más de 77 mil frascos de este producto y los distribuyó a diferentes centros educativos del sector.

El dominical solicitó la versión de Perú Compras, ya que en su catálogo de ventas, se muestra al desinfectante en la sección de jabones. Recibiendo como respuesta un comunicado informando el retiro del artículo de su lista.

Asimismo, al comunicarse con un representante de la empresa Daryza, se cuestionó que no presentan autorización de Digemid, encargado de aprobar la comercialización de productos sanitarios que se usan en el cuerpo humano, a lo que la trabajadora respondió que “cada entidad define su propio concepto fuera de lo que nosotros podamos haberle comunicado. No llegamos a controlar toda la cadena”.

La doctora Lidia Ester Hildebrando, del Digemid, advirtió que llama la atención que este desinfectante indique tener glicerina, cuando el piso no requiere un cuidado como el de la piel. Además, también muestra imágenes de frutos que podrían llevar a confusión y a creer que es jabón para manos. Incluso la presentación con dispensador es sospechosa.

Por otro lado, se conoce que las autoridades han iniciado los operativos en distintos almacenes para retirar el producto Daryza del mercado.

En tanto, Ana Peña Cardoza, representante del Indecopi, precisó que si el producto se puede usar directamente sobre la piel, en la piel debe de aparecer la autorización de la Digemid, y si es solo para superficies, debe contar con la autorización de la Digesa.

Vuelve ‘el hermanón’. El ex alcalde de Lima (1990 -1995) Ricardo Belmont Casinelli está que sonríe de oreja a oreja luego de que el último 29 de abril la Corte Superior de Justicia de Lima Sur resolviera declarar improcedente la demanda de Ricardo Martín Belmont Vallarino, hijo del empresario, quien pretendía declarar nula la revocatoria de anticipo de herencia otorgada por su padre en registros públicos a sus hijos, poniendo fin de esta manera a 6 años de disputas legales entre padre e hijos por la propiedad de RBC Televisión y RBC radio.

La defensa legal de Belmont Casinelli, el abogado Luis Alfonso Morey, asegura que en los próximos días la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordenará el cambio de titularidad de las acciones “en favor de su legítimo propietario”.

Morey Estremadoyro también mencionó que la disputa por las dos propiedades del ‘hermanón’ se inició luego de que el ex candidato presidencial entregara un anticipo de herencia de las acciones del canal RBC a sus hijos Ricardo Martín Belmont y Lucienne Belmont Vallarino, quienes “se comportaron de mala manera” al despojar a su progenitor de su canal y de su radio por lo que fue obligado a revocar dicho anticipo.

“Frente al comportamiento indebido de los hijos, quienes desalojaron a Ricardo Belmont, él se vio obligado a revocar este anticipo. Ellos se comportaron de una manera indigna, de una forma tal que la ley dice que aquel que ha dado una propiedad puede dejarlo sin efecto”, explicó Morey.

A mayor detalle, el abogado de Belmont Casinelli explicó que dichas acciones de RBC no serán “entregadas de inmediato” a Ricardo Belmont ya que éste convocará primero a una junta de accionistas con el objetivo de remover a los actuales directores y nombrar a un nuevo gerente. “Todo esto debe hacerse respetando la ley, debería hacerse en los próximos 2 meses. Antes del 28 de julio, tanto el canal 11 como la radio 91.9 F. M. ya deben estar operadas por Ricardo Belmont”, añadió.

Belmont tras los pasos para recuperar su radio

En tanto, en enero de este año, nueve funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), un fiscal y efectivos de la Policía Nacional intervinieron las oficinas de Radio PBO (actual empresa que viene haciendo uso de la señal de radio), ubicado en Chorrillos, para allanar e incautar sus equipos de telecomunicaciones por haber operado sin autorización ni licencia del MTC.

Al respecto, el abogado de Ricardo Belmont aclaró que dicha radio, patrimonio de RBC Televisión, operaba por negligencia de su hijo, quien perdió la licencia. “Hubo todo un incidente porque la radio se volvió pirata al no haber renovado su autorización a tiempo”, agregó.

Aclaró que el canal RBC funcionaba con normalidad hasta que Ricardo y Lucienne Belmont Vallarino le quitaron la emisora a su padre llevándola a Indecopi por parte de los acreedores.

“La decisión de Ricardo Belmont es que tanto RBC televisión como la estación de radio PBO vuelvan a ocupar los espacios que como marca les corresponde. El señor Philip Butters tendrá que acercarse al legitimo titular si es que quisiera tener algún programa en la radio RBC”, aseveró.

Mala leche. La empresa Gloria se encuentra en serios cuestionamientos, luego de que se conociera que se emitieron dos pagos para que el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) avalara la venta de leche evaporada parcialmente elaborada con polvo de leche en una de sus presentaciones.

Antonio Castillo, decano del CNP, reveló durante una entrevista que la institución recibió de la empresa Gloria dos pagos de 170 mil soles con el fin de que se apruebe esta presentación que viene en los conocidos tarros azules. Asimismo, contó que este proceso estaba a cargo de un comité “cerrado” cuyos datos de los integrantes por seguridad se mantienen en anonimato.

A través de una conversación con Tv Perú, el titular del CNP, dejó en claro que la institución que dirige no realiza un examen de laboratorio de cada uno de los alimentos, sino que, únicamente, se limita a revisar la etiqueta que les presenta la empresa interesada, amparado para este particular en el Codex alimentario.

“Dado que las empresas presentan una simple declaración jurada de lo que tienen sus productos, no se hace una evaluación de los nutrientes en laboratorios (…) luego de eso, el comité nos dice si el producto puede ser evaluado y el consejo directivo toma la decisión”, sostuvo.

“Nuestra capacidad no llega para un gasto tan grande, como realizar un análisis de laboratorio”, explicó el directivo.

Además, Antonio Castillo, precisó queel aval no se da por un “simple intercambio económico”, sino que pasa por una evaluación y análisis del producto y sus especificaciones técnicas, “alineado con la normativa vigente del Minsa” y la reglamentación de alimentación saludable.

“El comité de aval es totalmente cerrado. No se conoce a los miembros para evitar que sean condicionados por alguna empresa. Se pueden mencionar (los nombres) al final de esta gestión (Castillo será relevado del CNP el 26 de junio), para conocer a las personas que han evaluado, que son personas probas y con conocimiento de los productos avalados”, afirmó.

Ante estas revelaciones, Castillo, una vez más aclaró que las observaciones realizadas en la Ley presentada por Patricia Chirinos, sobre una presunta disminución de grasas y nutrientes si se incluye solo leche fresca en la fórmula, podrían resolverse, “probablemente”, tomando “un poquito más de leche”. Es decir, si la ración de leche queda corta en materia nutricional, basta con tomar un poco más.

Sin embargo, durante la entrevista, el funcionario evitó mencionar si la leche evaporada elaborada con leche fresca es mejor o no que la versión con leche en polvo, “pues son distintos productos”, acotó de manera escueta.

“Desde su inicio, en el año 2020, el aval ha tenido un costo de S/ 170.000, por la envergadura de este producto, que es de bandera para esta empresa (Gloria). La renovación fue por el mismo monto”.

Cabe precisar que el aval vence este mes de mayo, y debe ser renovado con las nuevas directrices de Midagri.

La respuesta de Gloria.

Por su parte, la empresa de leche Gloria envió una respuesta al portal América Retail, en donde se defiende ante los cuestionamientos y el pago que realizó al CNP.

“Leche Gloria S.A., como empresa de alimentos responsable por garantizar productos de alta calidad y buscando mantener siempre informados a sus consumidores sobre los beneficios nutricionales de sus productos, solicitó el aval de una institución científica de prestigio en nuestro país, como lo es el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) para su producto Leche Evaporada Gloria”, refirió en un escueto comunicado.

Además, detalló que en 2019 inició un “riguroso proceso” para lograr el aval de la leche evaporada, tal como lo hace la industria de alimentos de “primer nivel” alrededor del mundo.

“Se siguieron los procedimientos establecidos por la institución que incluye la revisión de certificaciones y sustentaciones científicas relacionadas. Se cumplió con todas las exigencias técnicas y, con satisfacción para nuestra compañía, la institución otorgó este aval en el año 2020, el mismo que se encuentra actualmente vigente”, finalizó.

Con información de La República y América Retail.