En agosto de 1997 se constituyó la «Mesa Tripartita» integrada por sectores del Estado, entre ellos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, PROMUDEH, la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional, el Instituto de Estadística e Informática, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. También hicieron parte las agencias de cooperación internacional USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas), OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la Unión Europea, y, por último, ONGs feministas, organizaciones de control natal y universidades peruanas: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Red Nacional de Promoción de la Mujer, REDESS-Jóvenes, Pontificia Universidad Católica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Estudios de Población de la Universidad Cayetano Heredia, APROPRO e INPPARES (1).
Su objetivo era realizar el seguimiento para que se cumplieran los compromisos adquiridos por parte del gobierno peruano del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en 1994, es decir, monitorear y evaluar todo lo referente a la “salud reproductiva” y “planificación familiar” entre otros puntos.
La Mesa Tripartita se constituyó en “un espacio de trabajo conjunto y de coordinación”(2) y de intercambio de información entre sus componentes, así, todos los participante se mantenían al tanto del avance y desarrollo del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del gobierno.
Cuando se instaló la Mesa Tripartita había transcurrido más de un año de denuncias sobre casos de esterilizaciones forzadas a las que estaban siendo sometidas miles de mujeres en los “Festivales de ligaduras de trompas” del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar.
A pesar de esta grave situación de violencia ejercida desde el Estado contra la mujer, la indiferencia e impasibilidad fueron los signos característicos de la Mesa Tripartita. No era sorprendente, pues la mayor parte de sus componentes participaban activamente en el programa gubernamental. Pero el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristán», las dos principales ONGs feministas que hacían parte de la Mesa Tripartita y que se presentaban como defensoras de los derechos de la mujer peruana ¿por qué callaron esta situación?
¿Ignoraban acaso las intenciones del régimen cuando Alberto Fujimori viajó personalmente a Beijing y pronunció un discurso de apariencia “progresista” y “feminista” en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995? En su discurso, Fujimori había prometido llevar a cabo “una estrategia integral de planificación familiar como parte de una política de desarrollo social y de lucha contra la pobreza” (3) proporcionando la información y los servicios necesarios a tal efecto, una estrategia integral donde “las mujeres puedan tener a su disposición con plena autonomía y libertad, las herramientas necesarias para tomar decisiones sobre sus propias vidas”(4).
Pero, ¿se podía dar credibilidad al discurso de un presidente que meses antes había promulgado una ley de amnistía para proteger con un manto de impunidad a los militares del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte culpable de múltiples ejecuciones extrajudiciales?
Lo cierto es que esta parte del movimiento feminista peruano hacia finales de los ochenta había pasado de las calles a las oficinas del Estado y de las Agencias de Cooperación Internacional. Este sector oenegizado del feminismo cobró mucha mayor fuerza e importancia, con mayores fondos y recursos que los colectivos autónomos.
Si bien la Iglesia Católica peruana ha estado siempre opuesta a los programas de control de la natalidad del gobierno que incluyeran métodos anticonceptivos “artificiales”, así como al aborto, tenemos que reconocer que fueron justamente miembros de la Iglesia quienes prestaron atención a los testimonios de mujeres que denunciaban desde mediados de 1996 lo que también comenzó a aparecer en la prensa peruana de ese entonces, es decir, el desarrollo de campañas de esterilizaciones forzadas a lo largo y ancho del territorio peruano. Hay que reconocer también aquí la labor infatigable de la periodista Julia María Urrunaga, la importante investigación de la activista feminista Giulia Tamayo, y las denuncias hechas por la dirigente de la Federación de la Mujer Campesina de Anta, Hilaria Supa, en esos primeros tiempos.
En enero de 1998, Joseph Rees, jefe de asesores del Subcomité del Congreso Norteamericano sobre Operaciones Internacionales y Derechos Humanos, fue enviado al Perú, donde se entrevistó con representantes del sector Salud, de la Iglesia, ONGs feministas y de Derechos Humanos por las innumerables denuncias que recaían sobre el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del régimen de Fujimori.
Rees declaró en una entrevista a un diario local que “El Subcomité tiene la responsabilidad de fiscalizar los programas de planificación familiar financiados por los Estados Unidos. El programa de planificación familiar de USAID en el Perú es el más grande de su clase en este hemisferio” (5). Afirmó también que había un “consenso de que existen abusos contra las mujeres, metas para esterilizaciones”(6).
Ante la pregunta sobre las denuncias hechas por las campesinas acerca de la relación existente entre el Programa de Asistencia Alimentaria para Niños Desnutridos PANFAR y las campañas de ligaduras de trompas, Joseph Rees respondió que “en pueblos alejados, ambos programas son administrados en la posta médica y a veces es la misma persona quien hace las dos cosas”(7).
Aunque aceptó la existencia de metas y la aplicación de esterilizaciones, Rees defendió el rol de USAID en el programa del gobierno peruano: “tengo la seguridad que USAID no financia intencionalmente campañas de esterilización” (8). Rees finalizó la entrevista señalando que en su informe “sugerirá que se marque públicamente la distancia con las campañas de esterilización” (9).
En realidad las verdaderas intenciones de USAID ya se venían plasmando desde finales de los años 80 a través de sus primeros programas pilotos con ONGs de control natal en el Perú, programas centrados principalmente en AQVs (10) y DIUs o T de Cobre, cuando la esterilización aún no había sido legalizada en el Perú. Ya con Fujimori en el poder, desde los primeros años de su mandato, el proceso de capacitación en técnicas de AQV y las Ferias de Ligaduras de Trompas “casa por casa” (11) se desarrollaron como objetivo prioritario, con el financiamiento de USAID, con quien el Ministerio de Salud tenía reuniones mensuales.
Un mes después de la entrevista, Avelina Sánchez Nolberto y Victoria Vigo, dos mujeres esterilizadas, y el médico ayacuchano Héctor Chávez Chuchón, presentaron sus testimonios ante el Congreso Estadounidense.
Días antes de la presentación en Washington, cuando se esperaban los testimonios acusatorios ante el pleno del Congreso, Mark Schneider, jefe de USAID para América latina y el Caribe, “anunció que el gobierno peruano le había comunicado oficialmente que descontinuaría las campañas de ligadura de trompas y vasectomías” (12).
Esta primera partida la ganó definitivamente el grupo conservador republicano estadounidense, del que hacía parte el patrón de Rees, Christopher Smith, ferviente militante anti-abortista; aunque esto no impidió que Marino Costa Bauer, ministro de Salud de ese entonces, respondiera enfáticamente que las campañas de planificación familiar no se descontinuarían y que, por el contrario, seguirían desarrollándose.
Lo cierto es que cuando el “Gran Jefe” Rees llegó al Perú, la tierra tembló. La sacudida hizo que las ONGs feministas Centro de la Mujer Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y varias otras organizaciones, a través de una carta abierta, pidieran cuentas al gobierno peruano sobre “las irregularidades”(13) en las “acciones de AQV” sin denunciar directamente el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, es decir, la política gubernamental. También PRISMA, otra ONG del entorno USAID, que dirigía el programa PANFAR, señaló que abriría una investigación. La Defensoría del Pueblo, financiada desde su creación por USAID, dio visto bueno al informe que se estaba efectuando sobre los casos de esterilizaciones forzadas. Hechos todos que muestran la importancia que tuvo la llegada de Rees al Perú, pero lo significativo fue ver que las dos principales ONGs feministas, el Centro de la Mujer Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos, a pesar de las claras evidencias sobre las campañas de esterilizaciones forzadas, nunca abandonaron la Mesa Tripartita.
Aún en 1999 cuando las esterilizaciones desbordaban y hacían agua por todos lados, la Mesa Tripartita manifestó a través de un comunicado que, a pesar de las múltiples denuncias de “la supuesta aplicación en el Perú de un programa de esterilización masivo de carácter coercitivo”, concluían que estas obedecían a una ‘información errónea” y “no se ajustaba a la realidad” (14).
El millonario proyecto REPROSALUD del Movimiento Manuela Ramos, financiado por USAID con 25 millones de dólares, y el financiamiento por parte de la Fundación Ford, USAID, la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre otras más del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, parece que tuvieron mayor relevancia que la defensa de los derechos de las mujeres que tanto preconizaban defender.
Por ello, exigir actualmente responsabilidades y justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú, pasa también por pedir cuentas a este sector del feminismo, aliados del fujimorismo.
Aquí el documental La cicatriz de Paulina.
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(1) Persistencia de la Memoria, Feminismo y estado en el Perú de los 90, Maruja Barrig.
(2) La Conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva, Susana Galdos Silva.
(3) Discurso del Presidente de la República del Perú Alberto Fujimori en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing China 1995.
(4) Ibíd.
(5) Entrevista a Joseph Rees, Julia María Urrunaga, Diario El Comercio 1 de febrero de 1998.
(6) Ibíd.
(7) Ibíd.
(8) Ibíd.
(9) Ibíd.
(10) AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) es el término técnico constantemente cambiante para definir las ligaduras de trompas. En épocas de Alan García se empleó el término PQRR (Prevención Quirúrgica del Riesgo Reproductivo)
(11) Salud Reproductiva. Ministerio de Salud.
(12) Diario El Comercio, 26 de febrero de 1998.
(13) Carta Abierta a Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, 18 de febrero 1998
(14) Diario El Comercio, 19 de enero de 1999.
Manuel Legarda es artista visual y cineasta. Realizador del documental La cicatriz de Paulina, que recoge los testimonios de mujeres esterilizadas en los años 90. Seleccionado en diferentes festivales internacionales, obtuvo la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Político en Buenos Aires-Argentina y ganó el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cinéma Péruvien de Paris.
Manuel Legarda. Nacido en Lima. Es cineasta y artista plástico. Vive y trabaja en La Chaux-de-Fonds (Suiza). Estudio en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Lima, y en la Escuela de Artes Visuales, Ginebra - Suiza.
Taxis y malestas, sí, pero ahora solo falta cómo ingresar. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó el pasado fin de semana que los taxis por aplicativo sí podrán ingresar al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, que se inaugura este 30 de marzo.
A través de un comunicado, precisó que este tipo de autos sí podrán ingresar con pasajeros al nuevo terminal de Lima y que “el control y la seguridad de estos vehículos estarán a cargo tanto de la entidad como de la Policía Nacional del Perú”.
Es así que vehículos de los aplicativos como como Uber, Yango, Cabify, Didi y Easy Taxi podrán ingresar al terminal con pasajeros.
Para operar en el nuevo terminal aéreo, los taxis por aplicativo deberán cumplir con varios requisitos de seguridad y formalización. Las unidades deben estar debidamente identificadas con la placa correspondiente al servicio de taxi y contar con la autorización de la ATU.
Además, los conductores deberán tener una licencia de conducir vigente, contar con el SOAT obligatorio y pasar una inspección vehicular actualizada. Entre los implementos de seguridad exigidos se incluyen un botiquín de primeros auxilios, un extintor y señales distintivas como casquete y cartilla informativa.
Detalló asimismo que los buses de “Aerodirecto” son vehículos de transporte público urbanos de pasajeros, como los que prestan servicio en la ciudad, en los cuales está permitido el traslado de maletas tipo carry on (con ruedas) y mochilas de viaje, es decir, el equipaje que suele ir en la cabina de los aviones”.
Finalmente, la ATU reiteró su compromiso de apoyar los servicios de movilidad urbana hacia y desde el nuevo aeropuerto Jorge Chávez dentro de los estándares de formalidad que la autoridad exige, a la par de ir implementando nuevos servicios que permitan un desplazamiento seguro de los ciudadanos y visitantes.
Dar el “sí, acepto” es una de las decisiones más importantes de la vida y para muchos se tienen que dar ciertas condiciones para pasar el resto de sus vidas que su ser amado. Los tiempos han cambiado y ya no se frecuenta ver bodas entre jóvenes veinteañeros, sino a dos adultos de 35 años para arriba.
Y es que varios factores entran a tallar para la unión ante Dios. Muchos jóvenes dan prioridad a su vida profesional y laboral, dejando en segundo plano las nupcias. Otro factor importante es el soporte económico ya que muchas de las nuevas parejas buscan un hogar donde habitar que no sea el segundo piso de la casa de sus padres. Otro detalle a considerar es que muchos de los encuestados no se sienten emocionalmente preparados para “dar el salto” a la fila de los recién casados, prefiriendo entre otras cosas su libertad como solteros, su juventud y su etapa donde no son tan responsables.
Según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)en 2024 se han registrado 68,559 matrimonios; lo que indica una recuperación con respecto a los números prepandemia. En 2019 la cifra fue de 73,802, y evidentemente por la coyuntura de la crisis por Covid-19 en 2020 se redujo a 43,608 bodas. En años posteriores la cifra se fue recuperando, teniendo un pico alto en 2022 con 80,605 matrimonios.
En los años posteriores esa cifra no se mantuvo, reduciéndose considerablemente: 2023 con 66,142 bodas, y 2024 con 68,559.
El año anterior más de 39 mil peruanos se casaron entre los 30 y 59 años; siendo Lima, Arequipa y Cusco las regiones que lideran este ranking por rango de edad.
Ciudadanos ahora priorizan otros aspectos de su vida como la profesional, emocional o económica antes de casarse. Foto: El Peruano.
Día del Amor, día de casarnos
Por otro lado, Reniec informó que en el 2024 se registraron 757 matrimonios el 14 de febrero, fecha en la que se celebra el Día del Amor o Día de San Valentín. Esto representa una disminución del 25.6% versus el 2023, cuando se casaron 1018 parejas a nivel nacional.
En comparación con el año prepandemia (2019), se experimentó una caída del 38.7% en el número de matrimonios inscritos que fueron 1234.
Reniec también señaló que, en los últimos seis años, un total de 4892 parejas eligieron contraer matrimonio el Día de San Valentín.
Las parejas que han unido sus vidas y sellado su amor en esta fecha especial son las siguientes: en 2019 (1234), 2020 (1476), 2021 (14), 2022 (393), 2023 (1018) y en 2024 (757).
Un país sin puentes. Resulta sumamente preocupante la falta de planificación y monitoreo de los puentes del país. Han pasado más de dos años y un puente en Huachipa aún no se puede terminar de construir; peor aún, no existe un puente de acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez; diversos puentes vienen siendo golpeados en sus bases por buses y tráileres de carga pesada, dificultando la transitabilidad de los demás vehículos; y qué decir de los demás puentes en el interior del país que cada año son debilitados tras la llegada de un huayco, sin que exista un control posterior de las autoridades competentes sean distritales, regionales o centrales; y ahora último el Puente de Chancay se ha caído al río, llevándose consigo dos personas inocentes fallecidas.
De acuerdo con información del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez – Reyes, un bus interprovincial cayó a las aguas del río Chancay a la altura del kilómetro 75 de la Panamericana Norte, luego de que el puente se desplomara. Posteriormente, se tuvo conocimiento de que un auto particular también cayó a la corriente fluvial.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:55 p.m. del último jueves, cuando la infraestructura cedió justo en el momento en que una unidad de la empresa Cruz del Norte y un automóvil de color negro transitaban por la vía.
Bomberos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajaron en conjunto para rescatar a los pasajeros atrapados dentro del ómnibus, algunos de los cuales quedaron entre los fierros retorcidos. Con herramientas especializadas, lograron abrir paso entre los restos del vehículo, mientras otros socorristas brindaban primeros auxilios. Los afectados fueron trasladados a los hospitales de Chancay y Huaral.
Por otro lado, se conoció que en el mes de noviembre se realizó mantenimiento al puente derrumbado, sin embargo, no se han brindado mayores detalles sobre el tipo de mantenimiento. Desde el año 2003 la empresa encargada del mantenimiento del puente es Norvial.
fuente: latina.
Ministro de Transportes acudió hasta el puente derrumbado
Ante esta emergencia, el ministro de Transportes llegó hasta Chancay en horas de la madrugada para intentar buscar alternativas de vías de comunicación debido a que se ha paralizado la carretera en sentido norte a sur producto del colapso del puente.
Los pobladores de la zona se mostraron totalmente indignados con su presencia y llegaron a increparle en el lugar. Sin embargo, el titular del MTC se concentró en mencionar que lo importante era salvaguardar la vida de las víctimas.
Usuarios del Metropolitano se bajan de los buses debido al asfixiante calor [VIDEO]
Unidades de transporte no cuentan con aire acondicionado, eso sumado a la gran conglomeración en hora punta hace que muchos de esos vehículos vayan repletos de pasajeros.
El sofocante calor se siente en muchas partes de la capital, registrándose en algunos distritos temperaturas por encima de los 30 grados, teniendo sensaciones de calor los 33 o 34 grados. Si eso calor se suma estar en un lugar cerrado y con poca ventilación como los buses del Metropolitano dicha temperatura fácilmente puede bordear los 37 o 38 grados, resultando para muchos una “olla a presión”.
Anoche, en la estación Naranjal del Metropolitano, decenas de usuarios de ese servicio de transporte no pudieron más el intenso calor y decidieron bajarse de las unidades a modo de protesta por la escasa implementación de aire acondicionado o sistemas de ventilación.
Y a pesar que anoche se registró una intensa lluvia en gran parte de la capital, la sensación de calor no se redujo, teniendo una media de 25°C incluso hasta altas horas de la noche.
“No es ventilado, la verdad. Como todos los días, es algo normal que haya aglomeraciones. El calor está muy fuerte”, dijo a Panamericana TV una pasajera que aguardaba abordar en la estación Naranjal. Otra usuaria agregó: “Es un horno estar en el trayecto. La gente está apiñada, no hay ventilación. Las ventanas no sirven de mucho porque son pequeñas y algunas están malogradas”.
fuentes: bdp.
En esa estación los pasajeros debieron esperar al menos 45 minutos debido a la congestión generada por el mal tiempo. Sin embargo, el panorama se replicó en otros puntos, donde usuarios reportaron que la lluvia generó desorden y acumulación de suciedad en los embarques.
Los peatones también manifestaron que las estaciones no están diseñadas para soportar precipitaciones prolongadas. En varias de ellas, se registró acumulación de agua en el piso, lo que dificultó el acceso y generó riesgo de resbalones.
La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi en segunda y última instancia administrativa, impuso una multa de 30 UIT, equivalente a 160,500 soles por impedir el ingreso de alimentos y bebidas comprados por sus clientes fuera del cine.
Así lo determinó al declarar fundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash en contra de la empresa Operadora Peruana de Cines S.A.C. (Cinépolis), por haber impedido a los consumidores ingresar a sus salas de cine con alimentos y/o bebidas que no hubieran sido comprados en sus establecimientos.
La Sala explicó que la decisión reiteraba un criterio ya adoptado con anterioridad en el 2018, cuando se sancionó por esta misma restricción a otras cadenas de cine.
Así, también fue desestimado el argumento de los representantes de Cinépolis que sostenían que el rubro del negocio era el mismo que los restaurantes, por lo que podía aplicar la mencionada restricción.
Al respecto, la Sala destacó que el hecho de que el proveedor habilitara un espacio con mesas y sillas, además de contar con autorizaciones para expender alimentos, no implicaba que sus establecimientos funcionaran igual o similar a un restaurante. Cinépolis se mostraba ante los consumidores como un cine, destacando incluso en el nombre que su principal oferta comercial es la exhibición de películas.
Finalmente, la Sala ordenó a Cinépolis, como medida correctiva, que se abstuviera de aplicar una restricción a los consumidores para que ingresen con alimentos y/o bebidas compradas fuera de sus establecimientos.
De esta manera, los consumidores podrán ingresar a las salas de cine del proveedor con productos que adquieran fuera, siempre y cuando estos sean iguales o similares a los que se ofrecen en los locales de Cinépolis.
Además, el proveedor deberá publicar avisos informativos temporales, a fin de que los consumidores conozcan que la restricción en cuestión ya no está vigente.
Alimentos permitidos y prohibidos
De acuerdo con la normativa vigente, los consumidores pueden ingresar a las salas de cine con alimentos y bebidas adquiridos en tiendas externas, siempre que estos sean similares a los que se venden en la confitería del cine. Algunos de los productos permitidos son: cancha dulce o salada, gaseosas, nachos con crema, sándwiches de hot dog, helados.
Es importante destacar que las presentaciones deben ser personales (en tamaños y cantidades equivalentes a los ofrecidos por el cine).
Asimismo, se encuentran prohibidos los siguientes alimentos: botellas de vidrio o latas, bebidas alcohólicas, alimentos que puedan derramarse o que tengan olores desagradables, presentaciones familiares de alimentos y bebidas.
Alimentos traídos por el consumidor deben tener las mismas condiciones que las que ofrece la cadena de cines.
Cierran tramo del Circuito de Playas en Barranco por choque de tráiler [VIDEO]
Congestión total en Barranco afecta a los veraneantes debido a un impacto en el ‘arco de sacrificio’ cerca del puente de la bajada de los Baños. Esta irresponsabilidad ocasionó el cierre de la Costa Verde desde la bajada Agua Dulce hasta la bajada de Armendáriz. Eso sin contar la maquinaria pesada que dejaron abandonada sin poder concluir la instalación del puente peatonal que iba a conectar Miraflores con Barranco.
Por lo visto, el distrito de Barranco sufre una especie de maldición y en pleno verano actualmente sus vías costeras sufren una inclemente congestión debido a una obra abandonada en plena bajada de Armendáriz, en la que una gigantesca pluma reposa inoperativa ante la indiferencia de los alcaldes de Lima Rafael López Aliaga, de Miraflores Carlos Canales y de Barranco Jessica Vargas (todos de la misma tienda política Renovación Popular), que continúan sin tomar decisiones y aún no inician acciones para descongestionar dicha vía.
Y hoy como para contribuir al caos, en las primeras horas, alrededor de las 5 de la mañana un transporte pesado violando las normas de tránsito ingresó a la vía de la Costa Verde, de sentido sur a norte y derribó el ‘arco de sacrificio’, estructura metálica que protege al puente de la Bajada de los Baños y que recientemente fue instalado por Emape, como consecuencia de los innumerables impactos que sufrió el puente, entre 2023 y 2024.
Debida a esta nueva irresponsabilidad, han dispuesto el cierre parcial de la Costa Verde, desde la bajada Agua Dulce hasta la bajada de Armendáriz. El choque generó que la pieza metálica cayera sobre el asfalto y que, posteriormente, causara que una camioneta que venía tras el tráiler impactara contra el arco de protección. Cabe resaltar que esta estructura fue puesta hace semanas para reforzar la seguridad de la zona.
El camión se dio a la fuga luego de chocar el portal mientras que por su lado, el conductor de la camioneta blanca afectada por el choque comentó cómo es que sucedieron las cosas. El chofer indicó que la caída abrupta de la estructura no le dio un margen de tiempo ni espacio como para reaccionar con alguna maniobra evasiva. Por fortuna, este no presentó daño alguno.
«Yo venía detrás del camión que chocó la estructura. Yo veo que la estructura viene hacia abajo y no me dio oportunidad de esquivarla. Cae encima de la camioneta y yo más bien, estuve pendiente de mi vida y no de lo material. (…) Tienen que tratar de ubicar al camión que chocó eso, imagínese lo que ha pasado. Un carro que recién está adquirido, menos de tres meses», contó el conductor de la camioneta blanca.
Hace unas semanas, la Municipalidad de Lima hacía pública la colocación de los pórticos metálicos de color amarillo con el fin de proteger la infraestructura del puente y especialmente del distrito barranquino. Sin embargo, hoy la imprudencia de un conductor dejó inservible esta construcción. Esta puesta de la estructura se dio a raíz de que, justamente, en junio de 2024 el paso de la Bajada de Baños sufrió un daño a raíz de un accidente. Empero, pese a los intentos de la comuna limeña de hacer frente a las eventualidades causadas por la imprudencia de conductores irresponsables, estas no resistieron el impacto.
Cierre de la Costa Verde por choque de camión contra puente peatonal genera fuerte congestión en Barranco y Chorrillos. pic.twitter.com/LlXGWodcny
Una vez más la falta de prevención y trabajos pone contra las cuerdas a miles de habitantes que tienen sus casas cerca a ríos y quebradas, pues las lluvias en el interior del país se han incrementado de manera exponencial, provocando huaicos y desbordes.
fuente: bdp.
Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta roja en distintas regiones del país donde podrían verse afectadas viviendas o campos de cultivo.
De acuerdo con su aviso de corto plazon.° 037-2025, emitido ayer, la entidad informó sobre la posible activación de quebradas, mismas que estarían asociadas a las precipitaciones pronosticadas para las siguientes 24 horas.
Al respecto, Senamhi considera que las lluvias ocurridas durante la última semana, así como la susceptibilidad a movimientos en masa en lugares inestables, darían como resultado la ocurrencia de huaicos en distintas zonas del Perú.
«La activación de quebradas (o huaycos) se refiere a los flujos de agua y movimientos en masa rápidos en quebradas o cuencas pequeñas resultantes de la acción de las lluvias precedentes y actuales y las condiciones geológicas. Incluye flujos de lodo, crecidas de detritos, y flujo de detritos», se lee en el aviso.
Es así que regiones como Amazonas, Arequipa y Ucayali cuentan con una alerta amarilla, lo que sugiere una severidad moderada de la activación de quebradas. Por su parte, los departamentos de Cajamarca, Huánuco, Ica, La Libertad, Loreto y San Martín poseen una alerta naranja, lo que estima una severidad fuerte respecto a los huaicos.
En tanto, varias zonas de Áncash, así como en Huancavelica, Junín, Lima y Pasco se encuentran en zona roja, lo que significa una severidad extrema a causa de las lluvias intensas en áreas inestables.
Frente a esta probabilidad, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto de Defensa Civil (COEN-INDECI) compartió un gráfico con las localidades de posible afectación.
Perú se ubica en el puesto 10 de países con más índice de criminalidad en el mundo
Según encuestadora internacional Numbeo, nuestro país está por encima de países como Angola o Ecuador, siendo superados solamente por Venezuela que se ubica en el primer lugar.
Tierra de nadie. Sí, el Perú se ha convertido en un país donde todos se encuentran a salto de mata debido al incremento sin control de la delincuencia, la misma que no discrimina entre niños, ancianos o cualquier inocente que se cruce por la calle; los malhechores, nacionales y extranjeros, han encontrado terreno fértil para cometer los más atroces y sanguinarios delitos por unos cuantos soles.
La plataforma digital Numbeo ha recopilado datos a nivel global de 147 países respecto a los índices de criminalidad. Según sus registros, en solo 10 años, Perú avanzó 30 puestos en el ranking de los países con mayor índice de criminalidad, situándose ahora en el top 10 de los países con mayor índice de inseguridad en el mundo.
En efecto, hace 10 años nuestro país obtuvo un puntaje de 57.63 en el índice de criminalidad, situándose por encima de sus vecinos Colombia y Ecuador. Ahora, en 2025, y solo considerando los datos recopilados en las primeras cinco semanas del año, Perú se ubica en el puesto 10 con un puntaje de 67.12, superando nuevamente a Colombia y Ecuador, así como a otros países fronterizos como Brasil y Bolivia.
Fuente: Numbeo.
Pero eso no es todo. En el ranking de ciudades, Lima ocupa el puesto 23 a nivel mundial, con un índice de criminalidad de 70.66. En 2015, se encontraba en el puesto 50, con un puntaje de 66.96.
Ciudadanos se encuentran desprotegidos y abandonados por sus autoridades.
Es importante mencionar que la plataforma de Numbeo elabora estas listas a partir de formularios completados por los visitantes. Las preguntas incluidas son similares a las utilizadas en estudios científicos y gubernamentales. Asimismo, la plataforma implementa filtros para evitar intentos de manipulación, como el ingreso masivo de datos que difieren significativamente del promedio.
Asimismo, Numbeo enfatiza que sus informes son especialmente útiles para comparar la criminalidad entre ciudades dentro de un mismo país. Sin embargo, su precisión disminuye al analizar múltiples países, debido a las diferencias en la capacidad o frecuencia con la que se denuncian los delitos en cada nación.