Este viernes 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha que conmemora la valentía y compromiso de muchos periodistas en ofrecer las noticias de la manera más imparcial posible, arriesgando muchas veces su vida.

Durante los últimos años este oficio ha sido atacado tanto desde las calles como de los escaños de algunos parlamentarios que no quieren que los hombres de prensa indaguen sospechosas negociaciones o esos apretones de mano realizados por debajo de la mesa.

Al respecto, el ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteras ha revelado que en el Perú es el país con menor libertad de prensa en Sudamérica solo por detrás de Venezuela que como todos saben viene siendo liderada por el régimen autoritario de Nicolás Maduro.

Reporteros Sin Fronteras publicó su lista actualizada correspondiente al año 2024, que da cuenta de una caída de 15 posiciones de nuestro país respecto a la versión del año pasado.

Bajo parámetros políticos, económicos, legislativos, sociales y de seguridad, Perú fue ubicado en el puesto 125 de un total de 177. A detalle, tuvimos una calificación de 47, 76 puntos, muy lejos de las naciones con el contexto ideal (91,89 unidades por parte de Noruega, primero a nivel mundial).

En ese sentido, Reporteros Sin Fronteras dilucida los siguientes problemas en el país: “A pesar de que la libertad de prensa está garantizada por la legislación, los periodistas son objeto de frecuentes agresiones y hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad. El periodismo de investigación se mantiene en medios digitales, y aumenta el uso de redes sociales para coberturas en vivo, mientras que la desinformación persiste”, señaló.

En cuanto al tema de seguridad a los comunicadores, Reporteros Sin Fronteras aludió que la caída de nuestro país -de 48 puestos en dos años- responde a que a partir del 2022 la “policía intensificó el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas” que documentan detenciones arbitrarias, muertes y golpizas durante protestas.

En el continente sudamericano, Uruguay es la nación con mejores condiciones para los hombres de prensa. “Tiene un contexto propicio para un diálogo constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país”, dijo el organismo internacional.

Así quedó la lista a nivel Sudamericano:

• Uruguay (Puesto 51)
• Chile (Puesto 52)
• Argentina (Puesto 66)
• Brasil (Puesto 82)
• Colombia (Puesto 119)
• Ecuador (Puesto 110)
• Paraguay (Puesto 115)
• Bolivia (Puesto 124) 
• Perú (Puesto 125)
• Venezuela (Puesto 156)

El pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, la iniciativa de ley que duplica el plazo de prescripción del delito por omisión de pensión de alimentos.

El texto sustitutorio aprobado establece que “en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales el plazo de prescripción se duplica, así como en los casos del delito previsto en el artículo 149 del Código Penal”.

Al sustentar el dictamen, la congresista Martha Moyano Delgado (FP), presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, señaló que la norma establece mayor plazo para accionar y hacer efectiva la tutela jurisdiccional en materia de prestación de alimentos.

Además, agregó que fomenta el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, lo que permitirá que se mitigue el nivel de afectación actual que recae sobre todo en niños y adolescentes, y que afecta severamente el interés superior de estos seres humanos en desarrollo.

A su turno, hizo lo propio el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza Castillo (PL), quien dijo que el dictamen tiene como fin atender las más de cien mil denuncias sobre omisión de asistencia familiar, y evitar a través de las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial que muchos menores queden desprotegidos.

En otro momento, el congresista Edgard Reymundo Mercado, autor de una de las iniciativas del texto sustitutorio, señaló que el proyecto que presentó estaba orientado a la imprescriptibilidad porque en muchos casos se pretende “sacar la vuelta” en procesos por omisión por asistencia familiar. 

“Existiendo ya una sentencia judicial, a pesar de ello, se busca la prescripción por eso me parece oportuno hacer esta reivindicación por el interés superior del niño y adolescente“, dijo Reymundo, quien se mostró de acuerdo con el dictamen aprobado en las comisiones de Justicia y Constitución. 

El dictamen recaído en los proyectos de ley 4394 y 4900, que modifica el último párrafo del artículo 80 del Decreto Legislativo 635 — Código Penal, obtuvo 86 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, llegó a París (Francia) para participar en la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la exposición del tema ‘Caminos creíbles hacia el Crecimiento Sostenible en las Crisis Globales Interrelacionadas’.

Dicho viaje, en el que también lo acompaña el ministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea, fue autorizado mediante la Resolución Suprema N° 117-2024-PCM.

Mediante su cuenta de ‘X’, el premier informó:

“Fui invitado la tarde de hoy a encender la llama en honor al Soldado Desconocido en el Arco del Triunfo de París, con ocasión de conmemorar el 80.° aniversario de la Liberación de dicha ciudad en la Segunda Guerra Mundial”, escribió Adrianzén.

El evento se llevará a cabo el 02 y el 03 de mayo del 2024, bajo el lema ‘Cocrear el proceso de cambio: liderar el debate global a través de un enfoque objetivo y fiable hacia un crecimiento sostenible e inclusivo’.

Gustavo Adrianzén intervendrá en la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la OCDE, en donde junto con otros ministros de diversos países explorarán el camino para una respuesta global coordinada para promover el desarrollo sostenible e inclusivo.

La periodista de Exitosa Huancayo, Lina Cuba, mostró una conversación de WhatsApp del 22 de diciembre de 2020 entre el excongresista César Combina y el exalcalde distrital de la provincia de Jauja que probaría el “trato” que habrían tenido.

En el programa Hablemos Claro, Cuba mostró la captura del diálogo donde el burgomaestre le exige al exparlamentario Combina que cumpla con el trato acordado entre ambos.

Según escribió el alcalde, César Combina debía llamarlo un día sábado; sin embargo, ante el incumplimiento de la llamada, el alcalde le pidió que le devuelva “su dinero” (S/ 50 mil) y quedar como “amigos”.

“Congresista, buenas tardes, le escribe el alcalde. La última vez quedamos que usted me llamaría el sábado para tener una audiencia con su persona y hasta hoy no me ha llamado. Quedamos en un trato. Si no se pudo, creo que lo mejor es que se quede ahí y se me devuelva el dinero, que es lo más justo, y quedamos como amigos”, se lee en parte del chat.

Incluso, en vista que no tenía respuestas del excongresista Combina, la autoridad municipal le recordó que tenía en su posesión la grabación de una llamada telefónica donde participaba el exlegislador.

Chat de conversación de WhatsApp de César Combina con alcalde de Jauja. 

El modus operandi de César Combina

Tras la revelación de esta conversación de WhatsApp, la conductora de Exitosa Huancayo Lina Cuba dio más detalles del modus operandi que habría realizado César Combina. Según la periodista, Edgar Paul Nestares Coronación, hombre de confianza del excongresista de APP, se contactó con los alcaldes elegidos en 2018 para ofrecerles y trasmitirles la oferta de Combina.

Fiscal de la Nación denunció a César Combina por presuntos cobros a alcaldes a cambio de obras

Las revelaciones de la periodista Lina Cuba se dan luego de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentara una denuncia constitucional contra César Combina, acusándolo de haber ejercido el presunto delito de tráfico de influencias agravado, por haber recibido dinero de aproximadamente 50 alcaldes para que sus proyectos sean incluidos en la Ley de Presupuesto del 2021.

En el documento dirigido al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, el titular del Ministerio Público (MP) indicó que Combina Salvatierra es acusado por supuesto tráfico de influencias en el marco de su actuación como integrante de la representación nacional.

“Interpongo denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra, en su actuación como congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario, ilícito previsto y sancionado en el artículo 400 (primer y segundo párrafo) del Código Penal, en agravio del Estado”, se lee en el documento de la denuncia.

Denuncia Constitucional contra excongresista César Combina por tráfico de influencias.

La tesis fiscal, sustenta que Combina Salvatierra habría alardeado a los exalcaldes Cruger Miranda Rosales (Yanacancha), José Luis Cerrón Nastares (Colca) y Wilmer Felicio Catay Trucios (San Marcos de Rocchac), tener influencias en el Parlamento y habría ofrecido interceder sobre su “compadre” Héctor Acuña, expresidente de la Comisión de Presupuesto, para el financiamiento de obras, a cambio de S/50 mil soles por proyecto.

En la denuncia constitucional también se adjunta un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que reveló que César Combina recibió un depósito de S/45 mil soles por parte del exalcalde de Colca, Cerrón Nastares en octubre de 2020, justo cuando en el Congreso se debatía la Ley de Presupuesto 2021.

Justamente, sobre el exburgomaestre José Luis Cerrón Nastares, César Combina aseguró que “él creó esta noticia falsa, no con un ánimo de justicia, sino con la voluntad de manchar una honra”. Sin embargo, el Ministerio Público argumenta que el excongresista “no explica la razón o motivo por el cual una persona con la que no tuvo ningún vínculo, como es el caso de Cerrón Nastares, le haya depositado S/45 mil soles a su cuenta personal bancaria”.

Denuncia del Fiscal de la Nación será vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

¿En qué cosiste el caso Combina?

Se debe recordar que, en el 2020, la página Portal Central informó que el entonces congresista de Alianza para el Progreso (APP) habría pedido y luego recibido dinero de aproximadamente 50 alcaldes de Junín, Huancavelica y Pasco y de empresarios de la construcción, a cambio de beneficiar con financiamiento a los proyectos ediles y que fueran incluidos en la Ley de Presupuesto del 2021.

No obstante, tras los pagos, Combina no habría cumplido con su parte conforme a los acuerdos, lo que originó la ira de los alcaldes y empresarios implicados. Este sería el motivo real de su exilio en España, aunque él se defendía y sostenía que todo se trataba de una persecución política por parte del partido Perú Libre.

Sin embargo, luego Combina Salvatierra retornó al Perú y fue precandidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, por Fuerza Popular (FP), ya que abandonó el país con un discurso de hostigamiento un año atrás.

César Combina responde que acusaciones en su contra son parte de un ‘acoso político’

El excongresista de APP se pronunció en su red social X y tildó la denuncia del fiscal de la Nación como parte del “acoso político” al que es sometido. “Lamento que coincidentemente la Denuncia Constitucional se haya elaborado de forma exprés y presentada el día que entregué 29,800 firmas ante el JNE para inscribir un movimiento político”, escribió Combina.

El abogado Abraham Siles Vallejos envió una carta el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, informándole que no aceptará asumir el cargo como nuevo miembro de dicho colegiado; esto tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspendió la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) y restableció la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello.

“Lamento que mi respuesta tenga que ser no”

Siles Vallejos respondió hoy al Oficio N° 105-2024-PRE-JNJ, que fue enviado a su vivienda el lunes 29 de abril, y en el que le convocan a cubrir una plaza vacante en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Carta enviada por Abraham Siles al presidente de la JNJ, en la que rechaza el puesto. 

“Lamento que mi respuesta, ciertamente, tenga que ser «no». No estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia”, se lee en la carta que envió al presidente de la JNJ, este martes 30 de abril.

Siles Vallejos explicó que lamenta su respuesta negativa, porque considera que la vacante generada en la JNJ tras la inhabilitación de Tello y Vásquez, es “arbitraria e inconstitucional” y que se da en un contexto de “grave deterioro democrático”.

Para el abogado, “la extrema gravedad de las presentes circunstancias” se debe a “la intervención del Tribunal Constitucional, que viola de modo flagrante la Carta Fundamental de la cual es el guardián último”.

“El TC afecta la esencia misma de la jurisdicción constitucional -tutelar los derechos fundamentales y garantizar los límites en el ejercicio del poder-, desvirtuando su propia razón de ser como órgano de cierre del sistema constitucional peruano”, indica Siles Vallejos.

También refirió que el TC no tiene una debida argumentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos que se requiere para otorgar de la medida cautelar, “en favor del Congreso de la República”. Por ello, “Dejan en evidencia la orfandad de su razonamiento”, agrega.

“Algunos operadores políticos o gestores de intereses subalternos parecen torcer las razones del Derecho y la justicia para alcanzar ellos o sus mandantes posiciones de poder ilegítimo (…) Toca ahora al Poder Judicial, ser el último bastión del orden constitucional y democrático peruano”, concluyó.

Tras los cuestionamientos que afronta en estos momentos el Congreso de la República, tras el reciente aumento de sus ingresos que aprobó la Mesa Directiva y que serán gravados a sus gastos de representación; la Junta de Portavoces ha medido el impacto negativo que ha significado dicha medida y solo hace un par de horas acordó por unanimidad priorizar para la sesión de Pleno de este jueves 2 de mayo, el debate del dictamen que propone la ley que autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta diciembre del 2024.

Desde hace dos semanas el Congreso ya se había apresurado en impulsar el proyecto de ley que ordena la liberación del 100% de la CTS y por ello aprobaron el dictamen en dos comisiones importantes, como lo son, la de Trabajo y de Economía.

Junta de Portavoces priorizaron debate del retiro de la CTS para este jueves 2 de mayo.

Y como para ejercer un “control de daños”, tras la iniciativa que aprobó la Mesa Directiva acordando aumentar la asignación por representación para los congresistas en más de tres mil soles; es decir, de S/7,617.20 a S/11,000 por su función congresal, vemos este rápido acuerdo de los legisladores.

¿Acaso en el Congreso pretenden ‘lavarse la cara’, luego de que la ciudadanía ha tomado dicho aumento como una burla a los peruanos?

Esta noticia también se da luego que la bancada de Cambio Democrático-JP presentó una moción de Orden del Dia que pretende dejar sin efecto la reciente decisión de la Mesa Directiva, sobre tan cuestionado aumento para la asignación por representación a cada legislador.

Moción de orden del día presentada por la bancada de Cambio Democrático-JP.

Apenas hace un mes, (22 de marzo) la exalcaldesa del distrito de Mórrope, Janet Morales Pasache, fue vacada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del cargo de burgomaestre, en la comuna de Mórrope en Lambayeque y durante la madrugada de este martes 30 de abril, ha sido detenida por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusada de ser la presunta cabecilla de ‘Los lecheros de la Construcción’.

La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) realizó la intervención a la casa de Morales Pasache, así como a los inmuebles de otros 7 exservidores públicos.

Según las pesquisas, la función de la exalcaldesa de 25 años de edad consistía en ubicar a funcionarios de su confianza para que logren concertar a través de pagos de sobornos con empresarios de la localidad y ofrecerles beneficiarlos con obras y servicios y convertirlos en proveedores.

Janet Morales con 24 años, participó en las elecciones municipales del 2022 y luego se convirtió en alcaldesa de Mórrope.

Actualmente, Janet Morales Pasache viene siendo investigada por 8 actos delictivos:

-Servicios de consultoría para la elaboración del estudio preinversión a nivel de ficha técnica estándar, el cual fue denominada como creación del servicio de movilidad urbana en diferentes calles del distrito de Mórrope.

-Servicios de alquiler de un camión cisterna para el abastecimiento de agua para el consumo humano en el centro poblado Cruz del Médano y anexos.

-Adquisición de calaminas onduladas galvanizadas para brindar asistencia a las familias damnificadas y afectadas por el ciclón Yaku en el distrito de Mórrope.

-La reparación y mantenimiento del mobiliario urbano e infraestructura del parque principal del distrito de Mórrope.

-Servicios de pintado en exterior e interior del Palacio Municipal del distrito de Mórrope.

-Servicio de alquiler de un camión cisterna para el abastecimiento de agua para el regado de áreas verdes en las calles y avenidas del distrito de Mórrope.

-Adquisición de materiales para el servicio de pintado del exterior de esta comuna.

-La adquisición de 40 kits de ayuda humanitaria para riesgos y desastres de las intensas lluvias que se registraron por el fenómeno del Ciclón Yaku.

Exalcaldesa de Mórrope suscribiendo un contrato con Electronorte S.A. en octubre de 2023.

Fue detenida junto a sus 7 funcionarios de confianza

Los exfuncionarios que trabajaron con la exburgomaestre de Mórrope también fueron detenidos por el personal de la Diviac.

Entre los implicados en la organización de corrupción en Mórrope están:

Janet Morales Pasache

Denis Faustino Calero Ríos

Norma Regina Bances Coronado

Luis Felipe Martínez Coyco

Richard Jimmy Chávez Torres

José Faustino Tuñoque Llontop

Edwin Chappa Arévalo

Joe Querebalú Supo

Nadia Cabrejos Bermeo

Jaime Navarro Ventura

Ángel Bustamante Bustamante.

Jean Pierre Morante Cumpa

José del Carmen Baldera Chapoñán

Amílcar Lizana Bances

Raúl Alfonso Latorraca Ríos

Jorge Perales Pérez

Jesús Fernández García

Abraham García Moreno

Los defensores ambientalistas de nuestra selva peruana tienen que convivir entre amenazas y atentados contra su vida o la de su familia. El pasado miércoles 24 de abril, el domicilio de Miguel Guimaraes, líder del pueblo Shipibo – Konibo y vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía del país— sufrió un ataque en la comunidad Flor de Ucayali, en el distrito de Yarinacocha, Ucayali.

El acto ocurrió cuando individuos desconocidos dejaron un mensaje intimidante en la fachada de su hogar, advirtiendo que “no viviría”, mientras él estaba en Chile, representando a Perú en la COP3 del Acuerdo de Escazú, desarrollada del 22 al 24 de abril.

De acuerdo al portal El Foco, en los días previos a la agresión, se reportó que personas desconocidas interrogaron a los vecinos sobre el retorno de Guimaraes de Santiago de Chile.

Aidesep ha condenado enérgicamente estos actos, enmarcándolos dentro de un ciclo de violencia sistemática contra los defensores indígenas en Perú.

Mafias de tala y minería ilegal estarían detrás de las amenazas

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a través de su directora del programa Biodiversidad y Pueblo Indígenas, Silvana Baldovino, ha hecho eco de la urgencia de proteger a Guimaraes y otros líderes en situaciones de riesgo.

“Frente a esta situación resulta urgente implementar las medidas necesarias para su protección, y corresponde al Poder Ejecutivo la adecuada implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras”, exhortó la especialista.

En cuanto a las personas detrás de las amenazas, las primeras investigaciones de las autoridades sostienen que estas podrían estar vinculadas a presuntos grupos ilegales dedicados a mafias de la tala y minería ilegal, de acuerdo a Latina.

El líder indígena acusó a las autoridades de ser cómplices de la deforestación de más de 7 mil hectáreas de bosques primarios —aquellos que contribuyen a la mitigación directa del cambio climático—, poniendo en riesgo el modo de vida y la supervivencia de comunidades nativas.

Más de 30 defensores ambientales han sido asesinados en la última década

De acuerdo a la Aidesep —conformada por 9 organizaciones indígenas amazónicas descentralizadas que se ubican en el norte, centro y sur de la selva peruana— en los últimos 10 años han sido asesinados 33 defensores de sus territorios y bosques, contabilizado hasta diciembre del año pasado.

Sobre este mismo hecho, se sabe que, según el informe de la ONG Global Witness, 15 defensores ambientales fueron asesinados entre los años 2021 y 2022. Por tal razón, hoy, el Perú se sitúa entre los países de mayor índice de crímenes de este tipo a nivel mundial.