Tras los cuestionamientos que afronta en estos momentos el Congreso de la República, tras el reciente aumento de sus ingresos que aprobó la Mesa Directiva y que serán gravados a sus gastos de representación; la Junta de Portavoces ha medido el impacto negativo que ha significado dicha medida y solo hace un par de horas acordó por unanimidad priorizar para la sesión de Pleno de este jueves 2 de mayo, el debate del dictamen que propone la ley que autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta diciembre del 2024.

Desde hace dos semanas el Congreso ya se había apresurado en impulsar el proyecto de ley que ordena la liberación del 100% de la CTS y por ello aprobaron el dictamen en dos comisiones importantes, como lo son, la de Trabajo y de Economía.

Junta de Portavoces priorizaron debate del retiro de la CTS para este jueves 2 de mayo.

Y como para ejercer un “control de daños”, tras la iniciativa que aprobó la Mesa Directiva acordando aumentar la asignación por representación para los congresistas en más de tres mil soles; es decir, de S/7,617.20 a S/11,000 por su función congresal, vemos este rápido acuerdo de los legisladores.

¿Acaso en el Congreso pretenden ‘lavarse la cara’, luego de que la ciudadanía ha tomado dicho aumento como una burla a los peruanos?

Esta noticia también se da luego que la bancada de Cambio Democrático-JP presentó una moción de Orden del Dia que pretende dejar sin efecto la reciente decisión de la Mesa Directiva, sobre tan cuestionado aumento para la asignación por representación a cada legislador.

Moción de orden del día presentada por la bancada de Cambio Democrático-JP.

Apenas hace un mes, (22 de marzo) la exalcaldesa del distrito de Mórrope, Janet Morales Pasache, fue vacada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del cargo de burgomaestre, en la comuna de Mórrope en Lambayeque y durante la madrugada de este martes 30 de abril, ha sido detenida por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusada de ser la presunta cabecilla de ‘Los lecheros de la Construcción’.

La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) realizó la intervención a la casa de Morales Pasache, así como a los inmuebles de otros 7 exservidores públicos.

Según las pesquisas, la función de la exalcaldesa de 25 años de edad consistía en ubicar a funcionarios de su confianza para que logren concertar a través de pagos de sobornos con empresarios de la localidad y ofrecerles beneficiarlos con obras y servicios y convertirlos en proveedores.

Janet Morales con 24 años, participó en las elecciones municipales del 2022 y luego se convirtió en alcaldesa de Mórrope.

Actualmente, Janet Morales Pasache viene siendo investigada por 8 actos delictivos:

-Servicios de consultoría para la elaboración del estudio preinversión a nivel de ficha técnica estándar, el cual fue denominada como creación del servicio de movilidad urbana en diferentes calles del distrito de Mórrope.

-Servicios de alquiler de un camión cisterna para el abastecimiento de agua para el consumo humano en el centro poblado Cruz del Médano y anexos.

-Adquisición de calaminas onduladas galvanizadas para brindar asistencia a las familias damnificadas y afectadas por el ciclón Yaku en el distrito de Mórrope.

-La reparación y mantenimiento del mobiliario urbano e infraestructura del parque principal del distrito de Mórrope.

-Servicios de pintado en exterior e interior del Palacio Municipal del distrito de Mórrope.

-Servicio de alquiler de un camión cisterna para el abastecimiento de agua para el regado de áreas verdes en las calles y avenidas del distrito de Mórrope.

-Adquisición de materiales para el servicio de pintado del exterior de esta comuna.

-La adquisición de 40 kits de ayuda humanitaria para riesgos y desastres de las intensas lluvias que se registraron por el fenómeno del Ciclón Yaku.

Exalcaldesa de Mórrope suscribiendo un contrato con Electronorte S.A. en octubre de 2023.

Fue detenida junto a sus 7 funcionarios de confianza

Los exfuncionarios que trabajaron con la exburgomaestre de Mórrope también fueron detenidos por el personal de la Diviac.

Entre los implicados en la organización de corrupción en Mórrope están:

Janet Morales Pasache

Denis Faustino Calero Ríos

Norma Regina Bances Coronado

Luis Felipe Martínez Coyco

Richard Jimmy Chávez Torres

José Faustino Tuñoque Llontop

Edwin Chappa Arévalo

Joe Querebalú Supo

Nadia Cabrejos Bermeo

Jaime Navarro Ventura

Ángel Bustamante Bustamante.

Jean Pierre Morante Cumpa

José del Carmen Baldera Chapoñán

Amílcar Lizana Bances

Raúl Alfonso Latorraca Ríos

Jorge Perales Pérez

Jesús Fernández García

Abraham García Moreno

Los defensores ambientalistas de nuestra selva peruana tienen que convivir entre amenazas y atentados contra su vida o la de su familia. El pasado miércoles 24 de abril, el domicilio de Miguel Guimaraes, líder del pueblo Shipibo – Konibo y vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía del país— sufrió un ataque en la comunidad Flor de Ucayali, en el distrito de Yarinacocha, Ucayali.

El acto ocurrió cuando individuos desconocidos dejaron un mensaje intimidante en la fachada de su hogar, advirtiendo que “no viviría”, mientras él estaba en Chile, representando a Perú en la COP3 del Acuerdo de Escazú, desarrollada del 22 al 24 de abril.

De acuerdo al portal El Foco, en los días previos a la agresión, se reportó que personas desconocidas interrogaron a los vecinos sobre el retorno de Guimaraes de Santiago de Chile.

Aidesep ha condenado enérgicamente estos actos, enmarcándolos dentro de un ciclo de violencia sistemática contra los defensores indígenas en Perú.

Mafias de tala y minería ilegal estarían detrás de las amenazas

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a través de su directora del programa Biodiversidad y Pueblo Indígenas, Silvana Baldovino, ha hecho eco de la urgencia de proteger a Guimaraes y otros líderes en situaciones de riesgo.

“Frente a esta situación resulta urgente implementar las medidas necesarias para su protección, y corresponde al Poder Ejecutivo la adecuada implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras”, exhortó la especialista.

En cuanto a las personas detrás de las amenazas, las primeras investigaciones de las autoridades sostienen que estas podrían estar vinculadas a presuntos grupos ilegales dedicados a mafias de la tala y minería ilegal, de acuerdo a Latina.

El líder indígena acusó a las autoridades de ser cómplices de la deforestación de más de 7 mil hectáreas de bosques primarios —aquellos que contribuyen a la mitigación directa del cambio climático—, poniendo en riesgo el modo de vida y la supervivencia de comunidades nativas.

Más de 30 defensores ambientales han sido asesinados en la última década

De acuerdo a la Aidesep —conformada por 9 organizaciones indígenas amazónicas descentralizadas que se ubican en el norte, centro y sur de la selva peruana— en los últimos 10 años han sido asesinados 33 defensores de sus territorios y bosques, contabilizado hasta diciembre del año pasado.

Sobre este mismo hecho, se sabe que, según el informe de la ONG Global Witness, 15 defensores ambientales fueron asesinados entre los años 2021 y 2022. Por tal razón, hoy, el Perú se sitúa entre los países de mayor índice de crímenes de este tipo a nivel mundial.

El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda que presentó la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para anular el artículo 2° del acuerdo de directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), del 10 de febrero del 2021, que dio la exclusividad al consorcio chino y peruano ‘Cosco Shipping Ports’, para operar en el megapuerto de Chancay.

Asimismo, dicho juzgado otorgó un plazo de 5 días hábiles a la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que subsane las observaciones, «bajo apercibimiento de ser rechazada la demanda y ordenar el archivo definitivo».

Resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima que declara inadmisible la demanda del MTC. Fuente Latina.

En el documento judicial al que accedió Latina, indican que deberían cumplir con los requisitos generales establecidos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil y los especiales señalados en el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N°27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2019-JUS:

MTC indica en la demanda que el Acuerdo de Directorio es contrario a la libre competencia

El Procurador del MTC, David Ortiz Gaspar, indicó en la demanda que la Resolución de Acuerdo de Directorio 0008-2021-APN-DIR, referente a la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura del puerto de Chancay, no cumple con el principio de legalidad administrativa y es contrario a la libre competencia, prevista en el artículo 61° de la Constitución de Perú, porque vulnera la Ley del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento.

La inversión de ‘Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A’. en la obra será de 2.600 millones de dólares y ya se encuentra en un 80% de construcción.

Los servicios esenciales del megapuerto, que la procuraduría del MTC pretende anular, son la carga rodante y contenedores, carga de graneles sólidos, líquidos, y la ejecución de obras de construcción, ampliación o modificación de la infraestructura del terminal portuario.

La demanda enfrenta al Estado peruano con el gigante chino

La acción legal contra la empresa asiática se fundamenta en un informe jurídico que elaboró la abogada Milagros Miguel Llacza, jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). El documento fue remitido el 15 de marzo de 2024, a Carlos Molina Barrutia, exgerente general de la institución portuaria.

El inicio de esta demanda que enfrenta al Estado peruano con el gigante comercial chino, llegó desde la Procuraduría del MTC luego de que el 1 de febrero de 2023, venciera el plazo para que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) pudiese anular “de oficio” el acuerdo que adoptó su directorio.

La conclusión a la que llegó la Unidad de Asesoría Jurídica de la APN, es que el acuerdo que favoreció al consorcio chino peruano «afecta la legalidad administrativa, el interés público, la imagen institucional, la seguridad jurídica y desincentiva la inversión privada en proyectos de infraestructura portuaria».

Conclusiones y Recomendaciones del informe legal de la APN sobre concesión del puerto de Chancay. Fuente Latina.

“Es importante señalar que la APN no cuenta con la facultad para otorgar la referida exclusividad, dado que dicha facultad únicamente está regulada y prevista para los terminales portuarios que se otorgan a través de compromisos contractuales”, se lee en unos de los párrafos del documento.

En el mundo de las redes sociales, donde la interacción es un ‘like’ o ‘me gusta’ es la validación de una persona ante los demás, muchas veces no existe lo diferente, y de ser ese el caso, se trata de ocultar en la mayoría de esos casos aquello que no encaja dentro de los cánones de belleza.

De manera sutil, pero omnipresente, las redes sociales muestran en una imagen o en un escueto video un mundo idealizado, casi perfecto, donde no hay cabida a las arrugas, rollitos, o cualquier otra imperfección que se vengan a la mente. La instantánea que todos desean, el viaje anhelado, el cuerpo que todos quisieran tener; ahora las metas de una persona se estarían reduciendo a la aceptación de un tercero, soslayando la propia felicidad de uno, llegando, incluso, a la depresión.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Boston ha arrojado luz sobre cómo el uso de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter o Tiktok puede influenciar el dese de las personas de someterse a procedimientos de cirugía estética.

La investigación revela una conexión directa entre el tiempo dedicado a estas plataformas digitales y una mayor probabilidad de buscar cambios estéticos a través de intervenciones quirúrgicas, en un intento de asemejarse a versiones altamente idealizadas de sí mismos que suelen presentarse en línea.

Los investigadores se centraron en analizar el comportamiento de los usuarios que dedican una cantidad significativa de tiempo a seguir a celebridades y a consumir contenido visual altamente editado y filtrado en estas plataformas.

Los hallazgos indican que este grupo de usuarios es particularmente vulnerable a la insatisfacción corporal y, como resultado, muestra una tendencia mayor hacia la consideración o realización de cirugías estéticas.

La “Dismorfia de Snapchat”

Este fenómeno, conocido como “dismorfia de Snapchat”, fue identificado por primera vez en el año 2019, haciendo referencia a cómo el uso intenso de filtros y ediciones de fotografías en redes sociales puede distorsionar la percepción que tiene una persona sobre su propia imagen.

Esta condición puede llevar a cada individuo a buscar cambios físicos reales que correspondan con las versiones editadas de sí misma publicadas en las redes. Del mismo modo, este término refleja cómo las alteraciones digitales pueden generar expectativas poco realistas y a menudo inalcanzables sobre la apariencia física.

Es particularmente significativo entre los usuarios más jóvenes, quienes pasan grandes cantidades de tiempo en estas plataformas, siendo expuestos a contenidos visuales que frecuentemente han pasado por procesos de edición exhaustivos.

Asimismo, este estudio subraya una preocupación creciente sobre cómo la idealización de la apariencia física, influenciada en gran parte por figuras públicas y celebridades en redes sociales, puede tener implicaciones profundas en la salud mental y la autoaceptación de individuos.

Los hallazgos de la Universidad de Boston proponen tanto a usuarios como a profesionales de la salud mental a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestra percepción de la belleza y cómo esto puede conducir a decisiones que afecten de manera significativa la vida de las personas.

También, se subraya la necesidad de desarrollar una relación más saludable con estas plataformas y promover el cultivo de una autoestima basada en aspectos no únicamente estéticos sino también en las cualidades individuales y habilidades propias de cada persona.

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que, a partir de este martes 7 de mayo, los peruanos mayores de 18 años podrán tramitar y obtener en el territorio nacional el pasaporte electrónico con una validez de 10 años; dicho periodo de duración duplica la vigencia del documento actual, que es de 5 años.

Esta actualización y extensión de la vigencia del pasaporte la aprobó el Congreso de la República, mediante la Ley N° 31678. Posteriormente, el Poder Ejecutivo reglamentó la norma y modificó el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Migraciones, a través de un Decreto Supremo, publicado en el diario oficial El Peruano.

El nuevo costo del Pasaporte

A partir del término de la primera semana de mayo, aquellos que necesiten obtener este documento de viaje, deberán abonar una nueva tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación, o a través de Págalo.pe utilizando el código de pago habitual, el 01810.

Los usuarios que ya hayan programado citas a partir del 7 de mayo y hayan abonado la tarifa de S/ 98.60 por el pasaporte de 5 años, simplemente deberán añadir S/ 22.30 utilizando el mismo código de pago, ya sea en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, para obtener el nuevo pasaporte de 10 años.

Asimismo, las personas que poseen el pasaporte de 5 años, podrán seguir usándolo hasta el término de su vigencia, no siendo necesario que tramiten el nuevo documento de viaje.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento mostrando su preocupación por la situación que atravesaron los periodistas de Latina al ser retirados en su labor de informar sobre el caos y las largas colas en diversas estaciones del Metropolitano.

La Defensoría recordó que el ejercicio de la labor periodística está garantizado en el derecho constitucional a la libertad de información de las personas, especialmente cuando se refiere a la calidad de la prestación de servicios públicos básicos como el transporte.

«Expresamos nuestra preocupación por recientes casos de transmisiones periodísticas en que se aprecia a personal de seguridad del @Metropolitano_L impedir que se informe sobre presencia de largas colas. Hace unos días ocurrió en estación Matellini y hoy en Los Incas», se lee en la publicación de X.

Asimismo, la Defensoría exhortó a la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a permitir que los medios de prensa puedan ejercer su labor con plena libertad, a fin de mantener informada a la ciudadanía sobre la prestación del servicio del Metropolitano.

La Defensoría mencionó el caso del reportero de Latina, Adolfo Bolívar, que fue retirado por la seguridad del Metropolitano en la estación Los Incas. Esto generó el rechazo de los usuarios, quienes alzaron su voz de protesta durante la transmisión en vivo.

Y días antes, la reportera María Elena Mamani narraba la embarazosa experiencia dentro del bus acompañada de una cámara en mano, pero fue interrumpida por un agente de seguridad de la estación Canaval y Moreyra y Matellini del Metropolitano, quien le increpó que no podía realizar grabaciones. Sin embargo, la periodista grabó el momento en el que el hombre de seguridad le pedía retirarse de la estación.

Tras la noticia de que la Fiscalía obtuvo grabaciones que evidencian que la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz habría admitido los hechos de ser sindicada como ‘mochasueldo’ y luego de la denuncia constitucional que interpuso el Ministerio Púbico, como presunta autora de los delitos de concusión y colusión gravada en agravio de Estado, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, tuvo que pronunciarse y pidió a la congresista que solicite licencia al partido Alianza para el Progreso (APP).

César Acuña pide que no se mancille el nombre de las personas (sobre Magaly Ruiz)

Acuña Peralta dio declaraciones en una conferencia de prensa e indicó que la licencia que vaya a solicitar la parlamentaria de APP debe mantenerse vigente hasta que ella pueda “aclarar su situación legal”, puesto que de esa forma cuidará al partido que la llevó a convertirse en congresista.

“Ahora ya estoy como presidente del partido, creo que tengo la autoridad de pedirle que pida licencia, y a cualquier congresista lo ético, que deben pedir licencia hasta que aclaren su situación legal porque creo que eso significa cuidar al partido que lo llevó a ser congresista”, afirmó ante los medios.

Él dijo que habrá “blindaje cero” para todo aquel integrante de su partido que cometa un delito; sin embargo, recomendó a la Fiscalía y al Poder Judicial acelerar los procesos de investigación debido a que, según sus propias palabras, “no se puede mancillar los nombres de las personas”.

“Blindaje cero, pero sí recomendar a la Fiscalía y al Poder Judicial que aceleren lo más rápido porque no se puede mancillar los nombres de las personas”, sentenció el presidente de APP.

¿Acaso defiende a la mandataria de su partido?

Magaly Ruiz fue denunciada por el Ministerio Público

Hace dos días, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, como presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada en agravio del Estado.

Fiscalía de la Nación, presentó denuncia constitucional contra congresista de APP, Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez.

La congresista fue denunciada por el comunicador Carlos Marina Puscán debido a que le habría cobrado S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia que ella presidía. Según esta acusación, el encargado de hacer los cobros era el asesor principal de la congresista, Johnny Fabian Romero Nima.

Romero Nima, quien habría sido la persona en recibir el dinero de algunos trabajadores, también está siendo investigado por el presunto delito de concusión. Precisamente, Romero fue quien reveló que el fiscal Richard Rojas le pidió dinero en dólares y cargos en el Congreso para sus dos hermanos a la legisladora por archivar el caso.

“Él (Romero) nos pedía que el aporte sea en efectivo, no en cuenta bancaria. Se hacía en un sobre cerrado, en efectivo y en cuarto cerrado”, comentó en un programa dominical.