El 22 de junio del año 2017 dos jóvenes fallecieron en la galería Nicolini, en el Cercado de Lima, imposibilitados de poder escapar de un contenedor donde eran encerrados para que cumplan sí o sí su larga y extenuante jornada laboral.

En diciembre del año pasado, Vilma Marveli Zeña Santamaría, dueña del local donde fallecieron los dos jóvenes, había presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de agravio constitucional exigiendo una verdadera motivación en  la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que la condenaba a 15 años de pena privativa de la libertad por ser la autora de los delitos de trata de personas y esclavitud agravada. Finalmente, el TC declaró fundado el recurso (Sentencia 1759/2024), ordenando a la mencionada sala que emita un pronunciamiento debidamente motivado.

Este caso da pie a revisar las condiciones laborales que muchos nacionales y extranjeros se encuentran sometidos en la actualidad. Bastaría darse una vuelta en los denominados “emporios” comerciales del Mercado Central o Gamarra, donde muchas veces las personas tienen que laborar más de 12 horas continuas en diminutos almacenes, fuera del contacto de la luz solar, recibiendo por ello un poco más del sueldo mínimo.

Algo que destacar en lo dicho por el TC en el citado caso es la distinción entre “explotación laboral” y “laborar en pésimas condiciones laborales”. De acuerdo al alto tribunal, cuando se refiere a explotación laboral “no existe el consentimiento del explotado debido a que su autonomía de la voluntad se encuentra coaccionada mediante amenazas de violencia física o psicológica, o a través de cualquier otra forma analógica de intimidación”; en tanto, laborar en pésimas condiciones (el caso de jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 20 y 19 años, respectivamente, los jóvenes fallecidos) el subordinado sí brinda su consentimiento a trabajar en dichas condiciones.

Aunque en la realidad muchas empresas ofrecen pésimas condiciones laborales, observándose muchas veces actitudes casi gamonalísticas de los empleadores hacia sus trabajadores, de acuerdo al TC, es finalmente el trabajador quien termina aceptando “voluntariamente” someterse a ese tipo de trato.

El tema de fondo sigue siendo una deuda pendiente desde hace muchos años: ¿quién podrá cambiar esas malas prácticas laborales? Desde el TC se ha formulado una delgada línea de diferenciación entre explotación y condiciones laborales, lo que en la vida laboral muchas veces termina por confundirse en grises a favor del empleador.

En la rama del derecho existe el Decreto Legislativo n.° 728, lo que significa un compendio normativo de los derechos de los trabajadores en sus distintas modalidades de contratación, las obligaciones de la empresa, la promoción laboral, etc., sin embargo, eso más se aplica cuando estamos hablando de un trabajador formal, aquel que ha celebrado un contrato de trabajo.

Está de más mencionar que cerca del 70 % de trabajadores se encuentra en el mercado informal, muchos de ellos trabajando de manera independiente o ambulatoria, apartados de la regulación tributaria y laboral. Es ahí donde el Estado y los gobiernos distritales deben de centrar su atención cuando de fiscalización se refiere. En teoría, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es la encargada de la inspección y fiscalización laboral, pero muchas veces su misión se queda reducida a un pequeño sector y esto se debe a almacenes similares al de Nicolini operan de manera clandestina.

A modo de conclusión

Seguramente este jueves 1 de mayo cientos de miles de personas continuarán trabajando en “pésimas condiciones” pues no tienen otra alternativa (y porque su jefe le ordena a no faltar) ya que empieza un nuevo mes y tienen que pagar el alquiler de la habitación, la luz, el agua, el colegio de los niños, al banco, etc., y es más que probable que otros jóvenes terminen muriendo absurdamente en almacenes pre fabricados, en algún rincón de una oscura galería, porque “voluntariamente” así lo desean.

Nadie, en su sano juicio, quiere trabajar ante el rigor inhumano de un empleador abusivo, lamentablemente muchos ciudadanos terminan cayendo en el oscuro mercado informal laboral.

Las leyes están hechas para un mundo donde todos trabajan formalmente, sin embargo, en la práctica ocurre una serie de abusos cometidos por sujetos que solo piensan en lucrar.

Hace falta mayor vigilancia dentro del área de fiscalización de las municipalidades, como por parte de Indeci y la propia Sunafil, para que de alguna manera se reduzca la tasa de informalidad.

El Congreso de la República se encuentra a punto de aprobar, en segunda votación, una controvertida modificación al Decreto Legislativo 892 que elevaría progresivamente el reparto de utilidades en las empresas del sector eléctrico, del 5% actual al 10% hacia el año 2030.

Aunque presentada como un avance en derechos laborales, la iniciativa esconde un alto costo económico y social. El incremento beneficiaría a un pequeño grupo de trabajadores, mientras arriesga el equilibrio financiero del sistema público de pensiones y podría traducirse en un aumento de tarifas eléctricas para millones de hogares peruanos.

Golpe al Fondo de Reserva para jubilados

El dictamen no es inocuo. En el caso de empresas públicas como Electroperú, las utilidades no solo representan ganancias empresariales: son una fuente clave de financiamiento para el Fondo Consolidado de Reserva (FCR), creado para garantizar el pago de pensiones a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Como lo ha explicado el abogado previsional Raúl Canelo, cada punto porcentual adicional en el reparto de utilidades significa menos recursos para ese fondo. El artículo 77 de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público establece que los excedentes de las empresas estatales deben contribuir al FCR. Sin embargo, esta obligación parece haber sido ignorada por los promotores de la norma.

Advertencias ignoradas

Pese a la magnitud del impacto, la propuesta avanza sin una evaluación técnica seria. El Ministerio de Trabajo ya ha calificado la medida como “inviable”. Pero el dictamen ha seguido su curso sin pronunciamientos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), organismos que deberían haber intervenido dada la implicancia fiscal y energética del cambio normativo.

Pocos ganan, muchos pagan

El proyecto beneficiaría a cerca de 7,000 trabajadores del sector eléctrico, muchos de los cuales ya reciben utilidades equivalentes a 18 sueldos anuales, el máximo permitido por ley. Pero el costo sería socializado: más de 30 millones de usuarios podrían enfrentar alzas de hasta 4% en sus tarifas eléctricas, según cálculos de gremios como la CONFIEP, la SNI y AmCham.

Y no solo los usuarios pagarían la factura. Los más de 500,000 pensionistas del sistema nacional también se verían perjudicados. Menores ingresos para el FCR significan menos respaldo para el pago de pensiones futuras, en un contexto en el que el sistema previsional público ya enfrenta serias limitaciones.

Una ley sin sustento

La iniciativa legislativa —impulsada por los congresistas Ilich López, Diego Bazán y Elvis Vergara— ha sido defendida como un acto de justicia para el trabajador eléctrico. Sin embargo, la ausencia de respaldo técnico, las advertencias no atendidas y el perjuicio potencial a sectores vulnerables plantean una seria contradicción entre el discurso y la realidad.

Aumentar las utilidades al 10% no es solo una decisión administrativa: es una política regresiva que privilegia a una minoría y pone en riesgo el acceso a energía asequible y el sustento de miles de jubilados. Legislar de espaldas al análisis técnico y al interés público no es justicia laboral. Es irresponsabilidad política.

Este informe periodístico analiza las resoluciones emitidas por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), que evidencian, la falta de transparencia y meritocracia en la contratación de sus docentes. La impunidad parece imperar en la UNSAAC al tener una Contraloría al servicio de la corrupción, que debió denunciar y sancionar este actuar delictivo. A esta oscura situación en que se encuentra la UNSAAC, se suma que el Movimiento Político, del rector y de la vicerrectora, ‘MI UNSAAC’, quienes mediante un pronunciamiento emitido el 23 de abril del 2025, miopemente da respuesta a nuestro artículo titulado: “UNSAAC en crisis: presunta corrupción, lucha por el poder y un año electoral turbulento”.

“Expresamos nuestra firme solidaridad con la actual gestión universitaria liderada por el rector Dr. Eleazar Crucinta Ugarte, cuya labor se refleja en logros concretos que responden a una visión estratégica de modernización institucional”, señalaron en el comunicado.

¿La gestión cuestionada de la cúpula de Eleazar Crucinta, ante las evidencias irrefutables del presunto delito de nepotismo, seguirá apañada por los docentes universitarios y estudiantes miembros de MI UNSAAC?

Contrataciones y resoluciones tras presunto nepotismo

Resolución Nro. CU-285-2024-UNSAAC (31 de mayo de 2024): Emitida por el Rector, Eleazar Crucinta Ugarte, para la contratación docente y personal de apoyo bajo la premisa de necesidad institucional para el semestre académico 2024-1. Esta resolución se basa en el Oficio Nro. 241-2024-VRAC-UNSAAC, cursado por Paulina Taco Llave, Vicerrectora Académica, quien eleva los resultados de la revisión de expedientes. En este contexto, se contrata a Matilde Taco Llave, hermana de la Vicerrectora, como docente invitada en la Facultad de Educación, filial Espinar. Es importante señalar que, esta contratación no se llevó a cabo mediante un concurso público, sino, a través de una selección interna.

Resolución Nro. CU-498-2024-UNSAAC (10 de octubre de 2024): Emitida por el Rector, Eleazar Crucinta Ugarte, para la contratación de docentes y personal de apoyo para el semestre académico 2024-2, también por necesidad institucional. Se basa en el Oficio Nro. 593-2024-VRAC-UNSAAC, donde Paulina Taco Llave, Vicerrectora Académica, eleva la propuesta de contrata. En esta resolución, nuevamente es contratada Matilde Taco Llave, hermana de la Vicerrectora, en la Facultad de Educación, filial Espinar, nuevamente como docente invitada. Al igual que en la anterior contratación, no hubo un concurso público, sino una selección interna. Es decir, habría sido seleccionada a dedo.

Resolución CU-190-2025-UNSAAC (21 de abril de 2025): Emitida para la contratación excepcional para acceder a la función docente universitaria para el semestre académico 2025-1, también firmada por el Rector, Eleazar Crucinta Ugarte. La base es el Oficio Nro. 175-2025-VRAC-UNSAAC, donde Paulina Taco Llave eleva el cuadro consolidado del proceso de selección. En esta ocasión, se contrata a César Paul Carvajal Taco, hijo de la Vicerrectora Taco Llave, en la Facultad de Ingeniería Civil.

Esta contratación se produjo en el contexto en el cual la UNSAAC debería realizar un concurso público para el nombramiento de docentes dentro del marco de la Ley N° 32171, que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados con los siguientes requisitos: a) Experiencia en docencia universitaria y/o en el ejercicio profesional no menor de cinco (5) años, b) Vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-2, c) Adjudicación de una plaza por concurso público. El nombramiento excepcional del docente contratado puede darse en la categoría de profesor asociado o profesor auxiliar. Para el nombramiento en la categoría de profesor asociado, el docente debe tener siete años o más de experiencia en docencia universitaria, consecutiva o alternada y contar con el grado de doctor.  Para el nombramiento en la categoría de profesor auxiliar, el docente debe tener un mínimo de cinco años de experiencia en la docencia universitaria y/o en el ejercicio profesional, consecutiva o alternada, y contar con el grado de maestro. La ley prohíbe todo nombramiento posterior a su emisión y la adición de requisitos no contemplados en la misma.

Ley que el rector Crucinta Ugarte no querría cumplir para poder seleccionar a los docentes afines a su partido político y que éstos se constituyan en parte de los votos duros para que ‘MI UNSAAC’ siga en el poder y no se espulgue la cuestionada gestión de Crucinta Ugarte y él llegue a ser el gobernador del Cusco por el partido acuñista Alianza para el Progreso (APP).

Eleazar Crucinta Ugarte y su cúpula lanzaron un concurso a la medida de sus oscuros intereses violando la Ley N° 32171, lo que generó que el Poder Judicial emitiera una lluvia, tanto de medidas cautelares, como de sentencias de acciones de amparo en contra de la UNSAAC, imperativamente obligándola a cumplir con lo establecido en la referida ley.

Vicerrectora Paulina Taco y rector Eleazar Crucinta Ugarte.

¿Impunidad para los miembros de APP?

Las sucesivas contrataciones de familiares directos de la Vicerrectora Académica, Paulina Taco Llave, muestran la falta de transparencia e integridad en los procesos de selección docente de la UNSAAC. La repetición de estas prácticas, bajo distintas resoluciones, indica un patrón que  configura presunto nepotismo, un delito que atentaría contra la igualdad de oportunidades y la meritocracia.

– Conflicto de Intereses: La Vicerrectora Taco Llave, al elevar los oficios y participar en la propuesta de contratación de su hermana y de su hijo, incurre en un claro conflicto de intereses.

– Falta de Transparencia: La ausencia de un proceso de selección público y transparente para estas contrataciones, muestra el favorecimiento a los familiares de la Vicerrectora.

– Daño a la Imagen Institucional: Estos hechos socavan la reputación de la UNSAAC, generando desconfianza entre la comunidad universitaria y en la sociedad en general.

La información presentada revela serias irregularidades en las contrataciones docentes de la UNSAAC, y se configuran en el delito de nepotismo. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva e independiente por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la SUNEDU y la Comisión de Educación, Deporte y Juventud del Congreso de la República, para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. La transparencia y la ética son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier institución pública, y la UNSAAC debe restaurar la confianza en sus procesos y decisiones.

Lima Gris se comunicó telefónicamente con la vicerrectora de la UNSAAC, Paulina Taco Llave para que nos brinde su descargo sobre la contratación en el cargo de docentes de su hermana Matilde Taco Llave y de su hijo César Paul Carvajal Taco, y esta fue su respuesta:

“Mi hijo es ingeniero civil y él ha ganado un concurso de contratación, en el cual yo no he participado del proceso, me abstenido. Cada año participa para poder trabajar en la universidad. Este año no se hizo tal concurso, se está considerando el concurso del 2024. Y sobre mi hermana no estoy informada. Ella participa en la sede de Espinar, al parecer, creo que la invitan por lo mismo que no hay docentes que trabajen en el turno de mañana y ella está dispuesta. Está a punto de graduarse en la maestría, es todo lo que le puedo indicar”. 

La UNSAAC no solo está en deuda con la legalidad, sino también con la transparencia y la moral pública. Mientras persistan respuestas evasivas y vínculos familiares sin esclarecimiento, la sombra del nepotismo seguirá proyectándose sobre sus aulas, debilitando la credibilidad de una universidad que debe formar ciudadanos íntegros, no redes de privilegio.

El imperio del papel desde hace ya algunos lustros no es el mismo que antes. Despidos masivos en varias editoriales, extinción de periódicos y revistas, reestructuraciones que para muchos resultan dolorosas, pero ninguna empresa se puede solventar si no hay ingresos monetarios.

Un estudio realizado por Intendigital indica que el 50 % de los peruanos pasa más tiempo interactuando con la televisión, dejando de lado los tradicionales medios escritos ya sea para informarse, buscar entretenimiento, o pasar un momento de ocio.

Algunos medios televisivos ya van perfilando sus programas para que sean más interactivos, justo lo que busca la población más joven que pasa su tiempo libro intercalando entre la televisión y ver sus dispositivos móviles.

De acuerdo al estudio, este fenómeno es conocido como “TV social”, la cual viene transformando la manera en que las marcas vienen diseñando sus estrategias publicitarias, entre las cuales se destaca la poca atención de parte del espectador hacia la aparición de una publicidad, indicando que empresas publicitarias se enfoquen en realizar un anuncio mucho más llamativo en el menor tiempo posible.

Según los resultados de Intendigital, un 89 % de la población respondió que presta atención a los anuncios televisivos, incrementándose en 4 puntos porcentuales en el centro del país, y en un 91 % en Lima y Callao.

La edad también es importante para saber dónde colocar publicidad. Basándonos en la data del estudio, los jóvenes resultan más receptivos a los anuncios y más propensos a realizar compras de manera impulsiva, mientras que los adultos mayores muestran una menor respuesta publicitaria.

Medios digitales aún no destronan a la televisión tradicional… aún no

Por otro lado, cualquiera pensaría que las distintas plataformas de streaming ya terminaron derrocando a nuestra entrañable ‘caja boba’, sin embargo, el informe indica que aún la televisión se posiciona como la preferida por las marcas debido a su mayor accesibilidad y alcance a nivel nacional.

En todo momento, en todas partes

Carola Miyoshi, directora general de Intendigital, enfatizó que las marcas que integren estrategias de content marketing e influencers en sus campañas lograrán una conexión más efectiva con sus audiencias. Según Miyoshi, el desafío radica en comunicar y conectar con los consumidores en un entorno donde la atención está fragmentada entre múltiples dispositivos y plataformas.

Por Jorge Linares

El pasado 27 de marzo, mediante Resolución Directoral N° 2253 DIGPE, se impuso la sanción disciplinaria de pase a la “Situación Militar de Retiro” por la causal “Medida Disciplinaria” al técnico inspector FAP Mant. Mot. Boris Alfonso Meléndrez Seminario, por haber incurrido en la comisión de infracción “Muy Grave”. Asimismo, se encuentra inhabilitado para desempeñar cargos en la administración pública por el período de cinco años.

Se recuerda que el técnico Meléndrez fue detenido en la base aérea del Grupo Aéreo N° 42 ubicada en Iquitos, por intentar robar piezas de avión, cuyo valor superaba los 50 mil soles, y tratar de enviar a la ciudad de Lima en cajas de panetón. Esta actitud negativa del Sr. Meléndrez evidencia la falta de valores y compromiso con la institución armada que le confió diferentes responsabilidades desde que él ingresó a ser parte de la Fuerza Aérea del Perú.

Piezas de avión iban a ser enviadas a Lima en cajas de panetón.


Es importante resaltar el compromiso y la honestidad del personal armado y civil del Grupo Aéreo N° 42, ante este tipo de hechos execrables que se dieron cuenta a tiempo ante la actitud sospechosa del técnico Meléndrez. Hasta la fecha, las autoridades continúan con la investigación para determinar si el acusado actuó de manera individual o ser parte de una banda organizada que atenta contra el patrimonio del Estado.

Meléndrez siendo detenido la polícia fiscal.

También, este caso bochornoso viene siendo investigado en el fuero militar policial por el capitán de Fragata (r) Santiago Huamaní Arbieto, Fiscal Militar Policial N° 18 de la ciudad de Iquitos, quien se rehúsa a dar declaraciones con respecto a este hecho. Pero, llama la atención que en pleno proceso hacia el Sr. Meléndrez lo cita en calidad de testigo y no de acusado, pese a que fue detenido en flagrancia por la PNP por 48 horas, y lo más sorprendente es que el Sr. Huamaní cuenta en su poder con las pruebas que implican al técnico Meléndrez en este robo de piezas de avión.

Santiago Huamaní Arbieto

En el año 2019 el papa Francisco apartó al entonces arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, del ambiente eclesiástico debido a una serie de acusaciones que llegaron a oídos del sumo pontífice, acusando a Cipriani de haber perpetrado un presunto abuso sexual contra un joven en el año 1983.

Tras ello, el papa le impuso una serie de sanciones entre las que se incluían la prohibición de portar hábitos y símbolos cardenalicios, hacer declaraciones públicas y abandonar el Perú. Es así que su figura fue desapareciendo de los principales portales noticiosos y sobre todo de la Orden Católica, teniéndose noticias últimamente que estaba radicando en alguna parte de España.

No es hasta la muerte del papa Francisco que finalmente se volvió a ver a Cipriani durante el primer día de exposición del féretro del sucesor de San Pedro. Ahí se le vio de brazos cruzados durante unos quince minutos con la mirada gacha y en silencio absoluto.

Dentro del Vaticano su presencia representa una clara ofensa contra los preceptos dictados por el papa Francisco. El cardenal argentino Ángel Rossi recuerda que el santo padre había dado instrucciones bien claras sobre la exclusión de ciertos prelados, entre ellos Cipriani. “Si él dijo no, sería bueno que no”, manifestó el cardenal Rossi para la cadena Caracol.

En esa misma línea, la periodista Paola Ugaz, quien denunciara los abusos sexuales cometidos por la ahora extinta organización católica extremista Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), manifestó que “hay que ver el vaso medio lleno, en el sentido de que Juan Luis Cipriani al hacer esto y sentarse en la autoridad del papa y no cumplir lo que decía el precepto papal, hace lo que están ahorita eligiendo se fijen que hay cosas que dejó claro Francisco, en el caso de abusos, que no tienen que repetir”.

A su vez, Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, mencionó que los cardenales presentes en estas ceremonias (como el funeral del santo padre) fueron seleccionados según su antigüedad, de acuerdo con sus declaraciones ofrecidas al diario The New York Times.

El dato:

Juan Luis Cipriani tiene 81 años y según el reglamento del Vaticano no puede ser seleccionable para convertirse en papa, pues se eligo solo a aquellos que no sobrepasen los 80 años.

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) enfrenta una de las mayores crisis de su historia institucional. La Contraloría General de la República en un reciente informe, señaló que la universidad cusqueña ocupa el sexto lugar entre las entidades públicas con mayor riesgo de corrupción en el país. A este escenario alarmante se suma una serie de denuncias contra el actual rector, Eleazar Crucinta Ugarte, y su círculo cercano, quienes son señalados por presuntos actos de abuso de autoridad, discriminación y violaciones a la normativa vigente.

Docentes excluidos por defender la ley

Exdocentes contratados han presentado denuncias penales contra Crucinta y la vicerrectora académica Paulina Taco Llave. Los demandantes acusan a las autoridades universitarias de impedir su contratación, a través de la Resolución N° CU-152-2025-UNSAAC, debido a su participación en acciones legales en defensa de la Ley N° 32171.

Dicha norma autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados que cumplan tres requisitos básicos: experiencia de al menos cinco años en docencia o ejercicio profesional, vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-2, y haber ganado una plaza mediante concurso público. Sin embargo, la gestión de Crucinta habría impuesto requisitos adicionales no contemplados en la ley, con la aparente intención de favorecer a postulantes afines a su movimiento político universitario «MI UNSAAC», vinculado a su aspiración política por el partido Alianza para el Progreso (APP).

Documento de la denuncia contra rector de la UNSAAC.

Ante estos cuestionamientos y denuncias el rector Eleazar Crucinta conversó con Lima Gris vía telefónica, y respondió defensiéndose de las denuncias en su contra.

«Son alrededor de 23 profesores que han presentado ese documento indicando que se les está vulnerando un derecho, sobre todo cuando nosotros como universidad hemos puesto un lineamiento de que todos los profesores deben acceder a la categoría de profesores a dedicación exclusiva. Pero eso ha sido un acuerdo que se ha tenido en el Consejo Universitario en razón a que prácticamente nuestros profesores, la gran mayoría de ellos, son a tiempo parcial de 10 y de 20 horas.

El profesor de 10 horas gana no más de 600 soles. El profesor de 20 horas gana sólo 1.200 a 1.300 soles. Y la universidad, pensando en aquello que debe generar el bienestar de la docencia y la tranquilidad del estudiantado, hemos generado un lineamiento de darle a dedicación exclusiva.

Sin embargo, este grupo de profesores que, como le digo, son casi como 20 o 23 profesores, son aquellos que en la gran mayoría trabajan en otras universidades. Y a la Universidad San Antonio Abad de Cusco lo toman simple y llanamente como un trampolín o algo para jactarse y decir yo soy profesor de tal universidad, pero la riqueza y el dinero está en otras universidades y no en la universidad pública. Dígame eso, ¿es discriminación? De ninguna manera. Yo he ido y he declarado ya en la Fiscalía, así como lo estoy indicando a usted», señala el rector de la UNSAAC.

Poder Judicial ordena cumplimiento de la Ley 32171

El Poder Judicial ha emitido medidas cautelares a favor de varios docentes afectados, ordenando la suspensión del cuestionado concurso convocado el 18 de diciembre de 2024. Según las resoluciones judiciales, el proceso diseñado por la UNSAAC vulnera derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la igualdad, al imponer restricciones arbitrarias que excluyen a docentes en conflicto judicial con la institución.

Hasta la fecha, existen al menos diez sentencias de amparo que declaran inaplicables resoluciones emitidas por la UNSAAC, exigiendo además el pago de costos judiciales a favor de los docentes afectados.

Sobre esto EleAzar Crucinta respondió: «Sí, eso es verdad. Tienen una medida judicial porque, lamentablemente, pues el Poder Judicial no entiende el sistema universitario. Por ejemplo, mire usted, le voy a explicar.

Yo soy rector por cinco años. Tengo mi plaza de profesor en el Departamento de Historia. Y en mi plaza han contratado un profesor. Yo, cuando retorno a mi labor, tengo que retornar a esa plaza. Pero, sin embargo, esta ley le ha dado la garantía al profesor contratado y le dice tú tienes derecho a nombrarte. ¿En qué plaza? Sí voy a retornar a mi plaza. Entonces, son acciones que, lamentablemente, pues el Poder Judicial no entiende. Sólo entiende aquello que dice la norma, que sí tiene todo el derecho. Y nosotros sí respetamos. El profesor contratado tiene todo el derecho y lo vamos a hacer cumplir nosotros estrictamente como tal.

Pero también tienen que entender a la universidad pública. El caso mío es el de los vicerrectores, es el caso de los decanos, es de los profesores que ahorita se encuentran en pasantías, que son más de 200 profesores con distintas índoles. Y a cambio de ellos se han contratado profesores. Entonces, ¿a qué plaza van a ir sus profesores? Por ejemplo, el profesor que ha ganado la medida cautelar es un profesor que prácticamente no tiene plaza en la universidad. Lamentablemente, cuando no se entiende el sistema universitario, se cometen una serie de errores».

Denuncias de discriminación y maniobras políticas

Uno de los aspectos más graves denunciados es el carácter discriminatorio de la Resolución N° CU-152-2025-UNSAAC, que impide la participación en los concursos a docentes que mantienen procesos judiciales contra la universidad. Esta medida afectó a 36 docentes, muchos de los cuales ya impartían clases en el semestre 2025-1, provocando un grave perjuicio a su estabilidad laboral.

La situación ha generado gran controversia en el Cusco, especialmente porque Crucinta es visto como uno de los principales candidatos a la presidencia regional por APP. Según fuentes cercanas, el rector habría enviado al vicerrector de investigación, Roberto Acurio Canal, a Lima para gestionar, junto con el cuestionado ministro de Educación Morgan Quero, un permiso excepcional que permita evadir las restricciones de la Ley 32171 y proceder a nuevos nombramientos políticos en la universidad.

Sobre este punto el rector Crucinta mencionó: «No, yo desmiento completamente porque las acciones que se hacen en la universidad se hacen con conocimiento. Yo desconozco que haya tenido alguna situación el señor vicerrector de investigación. Primero, no podemos ser locos. Hay una ley y tenemos que cumplir esa ley de nombramiento tal cual como está y lo vamos a hacer en este proceso y en este año».

Además, agregó: «Yo le agradezco a usted esta entrevista para desmentir, porque cuando sacaron el primer informe, en verdad… yo le agradezco a usted. Porque gracias a ese informe he recibido sendas, comunicaciones y tengo documentos de cómo la docencia universitaria ha empezado a indignarse. Porque tanta mentira no se puede dar. Y en la UNSAAC no existe nada de ello. Lo que existe es un proceso electoral con personas que tienen intereses políticos, no la nuestra. Yo, como profesor universitario con más de 30 años de servicio y tengo en la docencia universitaria y dirijo una universidad, jamás he mezclado la acción política.

Y eso está demostrado objetivamente. Son unos cuantos profesores los que en este proceso electoral pretenden manchar. Yo me he reunido con muchos profesores y como le digo, gracias a ese informe, lo puedo mandar y lo voy a mandar a su whatsApp.

Las sendas comunicaciones y también los descargos de gremios, el propio sindicato de docentes, el propio sindicato de trabajadores, todos ellos se han solidarizado y han sacado comunicados. Y eso hace notar que en verdad nosotros sí estamos trabajando en forma limpia y transparente. De todas maneras puede haber cualquier información, pero yo quisiera que esto se diga de la siguiente manera. Toda mentira tiene patas cortas y siempre se va a llegar a saber la verdad. Nosotros en ninguna manera vamos a favorecer políticamente a nadie. No lo hemos hecho ni lo haremos. Para empezar, APP ni siquiera existe en la universidad. No hay, no existe. Lo que existe son otros movimientos políticos universitarios. APP está muy lejos de cualquier otra circunstancia. Así lo digo abiertamente. Si va a tener que trabajarse políticamente, será fuera de la universidad. Pero dentro de la universidad no existe».

También agregó: «Los profesores, por ejemplo, en mi universidad, hacen lo siguiente, a la misma hora que tenemos nosotros, están dictando en una universidad pública y privada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde es donde le controlan más? En la privada. Como es pública esta, pues nadie dice nada. Entonces, nosotros estamos poniendo orden, orden en todo sentido. Eso no les gusta a un buen grupo de profesores contratados y es por eso que, discúlpeme, cuando estuvo acá el presidente del Congreso sobre este tema, yo le dije, señores, en esta universidad se tiene que respetar. Nosotros queremos profesores a tiempo completo y a dedicación exclusiva que trabajen completamente. Y eso no les ha gustado, porque saben muy bien que se desplazan de un lado a otro lado. Pero esto, indudablemente, tiene que ser visto de distinta manera. Nosotros, en este proceso de nombramiento, vamos a cumplir estrictamente la ley».

A rector crucinta Ugarte también se le preguntó de manera directa lo siguiente ¿usted pretende o tiene deseo de postular al Gobierno Regional de Cusco? y esta fue su respuesta:

«Por ahora no todavía. Es una situación que yo estoy completamente dedicado a la universidad. Tengo todavía más de un año de gestión universitaria y como cualquier otro ciudadano que sí tenemos intereses, ¿por qué no? Si mi pueblo me dice que sí, podré ir. Y si no, no también».

Preocupación por el futuro de la UNSAAC

Según profesores de la UNSAAC, existiría una maniobra que buscaría blindar la estructura de poder en la universidad cusqueña, asegurando la permanencia de aliados políticos antes de la eventual candidatura de Crucinta a nivel regional. Además, se menciona el interés de dejar como sucesor a Víctor Ayma, actual presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito. Con el pasar de los días sabremos si esto se concreta.

La comunidad universitaria y la sociedad civil observan con creciente preocupación estos hechos, que exponen una peligrosa vinculación entre la educación superior pública y la política partidaria en el Cusco. Las denuncias de discriminación, abuso de autoridad y presunta corrupción reclaman una respuesta firme de las autoridades nacionales para garantizar la transparencia, la meritocracia y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales en la UNSAAC.

La investigación continúa y podría abrir la puerta a procesos administrativos y penales de gran alcance. Ante esta crisis, aquí no solo esta en juego los millones de soles de presupuesto anual que recibe la UNSAAC, también peligra la educación universitaria y el propio prestigio la universidad cusqueña.

Por Colectivo Educando*

En los rincones de la Amazonía peruana, donde el verde denso apenas deja paso a trochas olvidadas, la educación libra una batalla silenciosa. Los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024 han puesto una vez más en evidencia una vieja herida: las brechas educativas entre las zonas urbanas y rurales no solo persisten, sino que se agrandan.

Aunque algunas estadísticas sugieren mejoras en las escuelas amazónicas, los números maquillan una verdad más cruda: siguen ancladas en los últimos lugares a nivel nacional. Y si el análisis se afina —comparando escuelas de ruralidad extrema— el panorama se vuelve todavía más desolador. En la categoría «Rural 1», que agrupa colegios de menos de 500 habitantes y a más de dos horas de distancia de cualquier capital provincial, el abandono educativo es palpable: aulas improvisadas, docentes únicos para decenas de estudiantes de distintas edades, y un Estado que llega tarde, o simplemente no llega.

Voces desde la trinchera: los maestros asháninkas

En un aula de la institución San Francisco, en Satipo, Caleb Cabello dicta un curso de fortalecimiento de capacidades para maestros bilingües en el nivel primaria. El enfoque es claro: formar docentes capaces de enseñar ciencia a través del modelo STEAM. Pero la tarea es titánica.

«Uno de los factores de los pobres resultados en la ENLA 2024 es el factor docente», afirma sin rodeos Cabello. «Para esperar otros resultados necesitamos maestros formados de verdad, con vocación, con ganas de cambiar las cosas».

Caleb Cabello a cargo de una capacitación docente, una iniciativa dirigida a más de 200 profesores que forman parte de la Ugel Río Tambo, Río Ene Mantaro.

La crítica es feroz, pero necesaria. Según Cabello, en muchas comunidades nativas, los profesores son contratados más por su condición étnica que por su preparación académica. “Se contratan docentes indígenas que ni siquiera dominan plenamente su lengua materna. El examen de la DIGEIBIRA exige solo un nivel básico”, lamenta. Y agrega un diagnóstico lapidario: “No hay formación continua. Los contratan y los dejan a su suerte”.

La brecha no es solo una cuestión de recursos: es una renuncia del Estado a su responsabilidad más elemental. La educación intercultural bilingüe (EIB), que debería ser una garantía de derechos, en muchos casos termina siendo una nueva forma de exclusión.

La ENLA correspondiente al año 2024 muestra mejoras en las escuelas de las zonas rurales. No obstante, siguen ocupando los últimos lugares.

El Estado en deuda: una voz oficial desde el Minedu

Desde que asumió la dirección del programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Marcelino Galindo ha enfrentado importantes desafíos, pero también ha impulsado estrategias para transformar la educación para los pueblos originarios del Perú. Entre los principales retos identificados, destaca el déficit de profesores especializados en pedagogía EIB y la escasa oferta formativa en las universidades.

A pesar de los bajos resultados en regiones amazónicas, evidenciados en la evaluación ENLA 2023, Galindo lidera acciones concretas: un plan piloto en seis regiones que incluye la contratación de 20 especialistas EIB para realizar acompañamiento pedagógico y talleres de fortalecimiento docente.

Marcelino Galindo acude a una reunión con la Central Asháninka de Río Ene, para recibir una propuesta educativa de las comunidades indígenas asháninkas. Créditos: Central Asháninka de Río Ene.

Actualmente, el programa EIB abarca más de 26,400 instituciones educativas, lo que representa alrededor del 30% de la población escolar peruana. Un dato curioso que resalta Galindo es que Lima, en especial el distrito de San Juan de Lurigancho, concentra la mayor diversidad lingüística.

Sobre los avances, Galindo señala que en zonas rurales como Puno y Arequipa, los resultados de ENLA 2024 son muy alentadores gracias al esfuerzo y compromiso de los docentes. Los estudiantes bilingües no solo dominan su lengua originaria y el español, sino que también destacan en habilidades como la exposición oral y la producción de podcasts.

Mirando al futuro, para 2025, Galindo apuesta por actualizar la política nacional de EIB a través de consultas a los pueblos indígenas, ampliar convenios con universidades para formar más docentes especializados, y fortalecer la revitalización de las lenguas originarias dentro de las escuelas.

Marcelino Galindo se presenta como un líder que no solo reconoce los retos, sino que actúa con visión clara y compromiso profundo por una educación que respete y valore la diversidad cultural y lingüística del Perú.

Una mirada desde Pronabec

La especialista de Pronabec, Elvira Pacherres, advirtió que las regiones amazónicas como Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas ocupan los últimos lugares en el ranking educativo nacional, con puntajes muy bajos y altas tasas de deserción escolar. Solo el 46,8% de los jóvenes mayores de 15 años logra terminar la secundaria en estas zonas. Además, destacó que los estudiantes que acceden a becas presentan un menor nivel académico comparado con otras regiones, y que muchos desertan de los estudios superiores por falta de preparación previa.

Pacherres propone como solución una estrategia de nivelación académica y apoyo emocional para fortalecer sus competencias y asegurar su permanencia en la educación superior. A pesar de las dificultades, programas como Pronabec han beneficiado a más de 211,000 jóvenes desde 2012, demostrando que el acceso a becas sigue siendo una de las principales herramientas para romper el ciclo de pobreza.

El precio de la indiferencia

La crisis no es solo de infraestructura o recursos. Es una crisis de visión. Mientras la conectividad es un lujo, las aulas se caen a pedazos y los libros escasean, los niños asháninkas crecen entre la nostalgia por su cultura ancestral y la incertidumbre de un futuro que no les ofrece herramientas para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo.

Ana Janampa, lingüista y especialista en temas interculturales, advierte: “La escuela no debe limitarse a transmitir conocimientos ancestrales; eso corresponde a las familias y las comunidades. La escuela debe ofrecer nuevos saberes que preparen a los jóvenes para el mundo globalizado”.

Ana Janampa, lingüista e investigadora de asuntos interculturales representante del Centro de Análisis Intercultural para el Desarrollo (Canaid).

Caleb Cabello coincide: el problema no es solo de fondos, sino de estrategia. «La propuesta educativa para estudiantes bilingües necesita ser revisada a fondo. Si no está dando resultados, algo estructural está fallando», sentencia.

Ambos especialistas identifican tres urgencias: reformular la propuesta educativa EIB, garantizar una formación docente continua y seria, y exigir al Ministerio de Educación que asuma, de una vez, su verdadera responsabilidad.

¿Un nuevo horizonte?

Desde la DEIB se anuncian cambios: una actualización de la política nacional de educación intercultural bilingüe, consultas a los pueblos indígenas, convenios con universidades para impulsar la formación de maestros EIB. Pero las promesas no educan niños, ni reparan aulas, ni construyen futuros.

En el corazón de la Amazonía, mientras tanto, los niños esperan. Esperan más que palabras. Esperan el día en que aprender a leer y a soñar no sea un privilegio, sino un derecho cumplido.

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*Colectivo Educando se encuentra integrado por Mónica Aguilar, Ricardo Mendoza, Diana Tineo y Edwin Cavello.