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¿Existe un verdadero control de armas de fuego en Lima?
EL CONTROL DE LAS ARMAS DE FUEGO Y SU IMPLICANCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA
El incremento de la inseguridad ciudadana en los últimos años, ha evidenciado como uno de los factores el uso inadecuado y falta de un control continuo de las armas de fuego de uso civil, a consecuencia de su fácil acceso, ello por falta de una regulación adecuada que restrinjan la adquisición de armas y munición por parte de los particulares, así como la falta de una política de control integral por parte del Estado Peruano, que resuelva los temas de prevención y desarme, los cuales son necesarios para combatir la criminalidad.
Las Armas de Fuego
Han ido evolucionando hasta alcanzar un nivel de utilidad y practicidad que las han convertido en uno de los medios para herir, asesinar o cazar de forma más eficaz y que además puede utilizarse en otro tipo de actividades humanas como por ejemplo; el deporte, actualmente se considera arma de fuego al dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles por medio de presión de gases con el fin de tiro a distancia.
El Problema
En la actualidad hay una peligrosa tendencia al aumento en la circulación de armas de fuego en nuestras calles, la DICSCAMEC estimó que en el año 2011 hubo un aumento del 15% en las solicitudes para portar armas frente al año 2010, otro dato es el número de casas comercializadoras de armas de fuego que han aumentado en el país, si en el año 2010 eran 121 en el 2012 se incrementaron en 18 nuevas tiendas para la venta de armas y municiones. A este pasó para el 2015 tendremos aproximadamente 200 tiendas.
En síntesis, hay cada vez más ciudadanos interesados en tener un arma. Actualmente, los registros oficiales señalan que 89.400 personas tienen una pistola y 67.350 cuentan con un revolver en nuestro país; sin embargo, pensar que un arma de fuego garantizará la seguridad es una idea equivocada, puesto que paradójicamente un arma, lejos de ser disuasiva aumenta la vulnerabilidad de quien la porta, ya que muy pocas personas hacen uso de ella, cuando se encuentra frente a un hecho delictivo, ello explica que los casos de Defensa Propia sean esporádicos.
Aumento de la delincuencia y criminalidad
La delincuencia, se podría definir como una conducta que por parte de una o varias personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad determinada, que atenta contra las leyes de dicha sociedad, por ello, la delincuencia puede diferir según el código penal de cada país.
En cuanto a la delincuencia más grave, se denomina delincuencia organizada e implica una organización o grupo mayor, pueden incluir los mismos grupos de la delincuencia menor pero ejecutada por grupos organizados, a los distintos delitos se les llama industria. Así se podría hablar de industria del robo, industria del secuestro, etc.
Además de estar aumentando la delincuencia, cada vez ésta es más violenta, antes era común que el delincuente usará sólo la fuerza en caso de necesidad, ahora éste agrede y daña utilizando medios como es el caso de armas de fuego, situación que cada día se torna incontrolable.
Lo señalado, guarda estrecha relación con el tema de la criminalidad, ya que la delincuencia podría ser entendida como el conjunto de crímenes y delitos en un tiempo y espacio determinados. Son diversos los factores que puede hacer que incremente la criminalidad en un territorio, pueden ser orgánicos, fisiológicos, patológicos, influencias externas, como el medio en el que se desarrollan los primeros años de su vida, la carencia de afecto y atención por parte de los padres o simplemente más orientación.
Por tanto, la relación existente entre la delincuencia y la criminalidad al desarrollarse en el mismo escenario, es un aspecto relevante para tener en cuenta para la expedición de leyes o políticas para contar con una verdadera Seguridad Ciudadana.
Selección del problema
Una evaluación de las leyes sobre armas tiene que ser general, las normas concernientes a la concesión de permisos para importar, comercializar y adquirir armas de fuego, es insuficiente para asegurar el adecuado destino de las mismas, para ello se deberá realizar un análisis sobre la aplicación real de dichas leyes, ya que no siempre se cumplen, aquellos estados que tienen las leyes más débiles, son justamente los que detentan los mayores índices de mortalidad por armas de fuego y hacia esa dirección está yendo el Perú, ya que tiene leyes permisivas que favorecen el descontrol de los armamentos autorizados.
Uno de los principales aspectos de los que se tiene que ocupar el estado es controlar el destino de las armas de fuego, ya que los mayores controles sobre las armas de fuego tienden a reducir la letalidad de las muertes en conflictos, asaltos, tentativas de suicidios y accidentes.
Por ejemplo, el nivel de seguridad pública en Japón es uno de los mejores del mundo y el país cuenta con una de las leyes más rigurosas de prohibición del uso de armas por parte de civiles. La tasa de homicidios por armas de fuego en Japón es de 0,03 por 100 mil habitantes, 159 lejos, la más baja del planeta. En 2002, hubo solo 24 muertes por armas de fuego en Japón en una población de más de 127 millones de personas. Se considera que el reducido nivel de violencia armada se debe en parte a la prohibición, desde 1945, de las armas de puño y rifles para los civiles. Hay menos de 50 personas autorizadas a poseer pistolas (el equipo olímpico de tiro, cuyos tiradores no son propietarios de las armas que usan). El desarme solo, no logrará bajar la violencia armada, pero sin él, no llegaremos a su reducción, ya que son varios los factores que se combinan para generar la violencia urbana.
Foto diario Perú21
Investigación del problema
Para este tipo de investigación utilizaremos la descriptiva, producto de la realidad existente y la propuesta de cambio, utilizando además como medida el resultado de la encuesta efectuada a un total de 100 personas, habiéndose obtenido lo siguiente:
1. Para la pregunta ¿Cree usted que Lima Metropolitana es segura? El 79 % de los encuestados considera que Lima Metropolitana es insegura
2. Para la pregunta ¿Se siente usted más seguro si posee un arma de fuego?, el 46% se siente seguro al portar un arma de fuego.
3. Para la pregunta ¿Cree usted que el uso de armas de fuego aumenta la delincuencia? El 54% considera que el uso de armas de fuego aumenta la delincuencia-
4. Para la pregunta ¿Cree usted que los civiles deben utilizar armas de fuego para su defensa personal? el 40% contesto de forma afirmativa.
5. Para la pregunta ¿Cree usted que las autoridades viene cumpliendo con su labor para asegurar la seguridad ciudadana? el 68% que las autoridades no vienen cumpliendo su labor-
6. Para la pregunta ¿Cree usted que las autoridades vienen ejerciendo un adecuado control para el uso de armas de fuego? el 53% conteso que no se ejerce un adecuado control para el uso de armamentos-
7. Para la pregunta ¿Cree usted que se debería prohibir el uso de armas de fuego a los civiles? el 49% contesto que se debe prohibir el uso de armamentos.
8. Para la pregunta ¿Cree usted que se debe modificar las normas para restringir el uso de armamentos a civiles? el 67% contesto que se debe modificar los dispositivos legales que regulan la materia.
9. Para la pregunta ¿Cree usted que la licencia para la posesión y uso de un arma de fuego lo autoriza a matar? el 90% contesto de manera negativa.
10. Para la pregunta ¿Cree usted que los ciudadanos tienen fácil acceso al uso de armamentos? el 65% considera que se tiene fácil acceso de armas de fuego.
11. Para la pregunta ¿A qué edad cree usted que se debe portar armas de fuego? el 53% contesto que a los veinticinco años-
12. Para la pregunta ¿Cuántas armas cree usted que debe poseer un ciudadano? el 69% contesto que debe autorizarse el porte de solo un arma de fuego.
13. Para la pregunta ¿Qué cree usted que genera del uso de armas de fuego en la sociedad? el 49% considera que el uso de armamentos generan tanto riesgos como beneficios, siendo que el 47% señala que genera riesgos.
14. Para la pregunta ¿Quién cree usted que debería tomar los exámenes psicológicos que declaran la aptitud para poder portar armas de fuego? el 57% contesto que dichos exámenes deben ser efectuaos por particulares con fiscalización del estado.
15. Para la pregunta ¿Cómo cree usted que se deba demostrar la capacidad en el manejo de un arma de fuego para la obtención de licencias? el 58% considera que los aspirantes deben pasar por un curso de entrenamiento.
De lo expresado, se puede inferir que la población considera a Lima Metropolitana como una ciudad insegura, sintiéndose más seguros con la posesión de un arma de fuego, cuyo porte aumenta la delincuencia, por lo que se hace necesario su uso para defensa personal.
Asimismo, existe una alta percepción de que la autoridades no vienen ejerciendo sus funciones adecuadamente, sobre todo en el aspecto de control, por lo que se debe modificar los dispositivos con relación a la cantidad de armas que se debe autorizar por personas, edad en la que se pueda poseer un armamento y poner más énfasis en los temas de capacidad mental y destrezas con la fiscalización de los certificados de salud mental y la aprobación de un curso para asegurar el adecuado manejo de las armas de las fuego.
RELACION DE CAUSALIDAD – EFECTO PARA LA PROPUESTA DE CAMBIO
Como se ha podido apreciar existe una escasa y deficiente normatividad que haga posible el control de los armamentos que se vienen autorizando en el Perú, asimismo se observa una ausencia de políticas públicas sobre el particular, que logre cohesionar los diferentes esfuerzos de las instituciones del Estado, comprometidos en el tema, al respecto como causa del problema central tenemos:
Causa Directa: Escasa articulación de las instituciones públicas para la adopción de una política pública adecuada para el control de armamentos.
Causa Indirecta: Limitado compromiso institucional y de recursos
Se han identificado pocas actitudes de los actores del Estado para que tomen decisiones orientada a modificar las tendencias de inseguridad como producto de la falta de control en la adquisición de armas de fuego, ya que no existen medidas de prevención, promoción y recuperación de armamentos, adoptando una posición de inacción que afecta la seguridad ciudadana.
Efecto Directo:Aumento de los niveles de Inseguridad Ciudadana y pérdida de la Credibilidad Institucional
Efecto Indirecto: Funcionamiento ineficaz e ineficiente de las acciones de control para las armas de fuego que circulan en el territorio nacional
Para garantizar la seguridad interna contra riesgos y amenazas, se ha tenido por bien considerar los siguientes:
- En primer lugar, la protección de los ciudadanos debe darse dentro de un marco de respeto de la Constitución y la leyes
- En segundo lugar, la seguridad ciudadana no se limita exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino que busca crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.
- En tercer lugar, los aspectos señalados permiten ver la seguridad ciudadana sobrepasa la esfera de la acción policial para demandar la participación coordinada de otros organismo e instituciones del Estado, como es el caso de la DICSCAMEC, como autoridad competente para asegurar el adecuado control de las armas de fuego en el país, debiendo contar con un marco normativo pertinente.
- En cuarto lugar, el estado a fin de asegurar la seguridad ciudadana, debe definir políticas públicas para el control de los armamentos en el Perú, debiendo ser una de ellas, la orientada al desarme, proceso que no se llevara a cabo paulatinamente, en función al impacto y el cambio de conciencia de la sociedad.
Finalmente la seguridad ciudadana, pone mayor énfasis en el desarrollo de labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, antes que en tareas meramente represiva o reactivas ante hechos consumados, por ello, el control en la adquisición de armas de fuego contribuirá con la disminución de la inseguridad ciudadana.
CONCLUSIONES:
Que, el Estado no cuenta con una política pública que guie las actividadesrelacionadas con la posesión y uso de armas de fuego por parte de civiles.
Que, la DICSCAMEC, como autoridad competente para autorizar y controlar la posesión y uso de armas de fuego, no cuenta con una normatividad legal que asegure el adecuado uso de los armamentos, evidenciando una gestión ineficaz al no poder controlar y fiscalizar la cantidad de armamentos que viene autorizando.
Que, la falta de control en la adquisición de armas de fuego, vienen aumentando la delincuencia, al haberse registrado el aumento de la comisión de ilícitos penales con uso de armamentos, siendo necesario adoptar una política de prevención, restricción y control que disminuya el riesgo existente.
RECOMENDACIONES
Que se implemente una política pública orientada desarme, comenzando con la restricción en la adquisición de uso de armamentos.
Que se modifique las normas que regulan las actividades relacionadas con el uso de armas de fuego, con relación a los siguientes temas:
- Se ponga un límite para la importación de armas de fuego
- Se restrinja el uso de armamentos para defensa personal, de cinco armas o un arma de fuego, así como limitar aquellos destinados para la caza y deporte, a dos armas como máximo para cada uno, debiéndose acreditar fehacientemente el desarrollo de dichas actividades.
- Se restrinja la adquisición mensual de municiones de seiscientas (600) y mil (1000) a cincuenta (50) y cien (100) respectivamente.
- Se disminuya la vigencia de la licencia de posesión y uso de armas de fuego de cinco a dos años.
- Se aumente los requisitos para poder poseer un arma de fuego, como aprobar un curso que garantice la capacidad física y mental para su manejo.
- Se contemple como sanción administrativa la inhabilitación definitiva para la posesión y uso de armamentos, a aquella persona que haya hecho uso inadecuado de su arma de fuego, esto dada la naturaleza del bien tutelado.
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Contraloría interviene las instalaciones de gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco
Fiscalizadores de la entidad recaban información del manejo de recursos en obras y contrataciones sobre presuntos actos irregulares de los cuestionados gobiernos de Wilfredo Oscorima y Wegner Salcedo entre enero del 2023 y abril de 2024.
La Contraloría General de la República hoy intervino en simultáneo a las sedes de los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco, por presuntos actos irregulares de sus gobernadores Wilfredo Oscorima y Wegner Salcedo, respectivamente.
El órgano de control, a través de los auditores asignados recopilaron información relacionada a contratación de bienes, pagos a proveedores, servicios, ejecución de obras y designación de funcionarios con cargos de confianza correspondientes al periodo comprendido entre enero del 2023, hasta abril de este año.
Con respecto al caso del gobierno regional de Wilfredo Oscorima se ha recogido documentos importantes, entre los que se encuentran los Decretos de Urgencia N° 020-2023 (S/ 66 millones), N° 161-2023 (S/ 15 millones) y N° 006-2024 (S/ 100 millones).
Además, los expedientes relacionados al financiamiento de proyectos de inversión que suman más de S/ 500 millones. Entre ellos, el mejoramiento de la infraestructura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y del Hospital de Apoyo de Puquio, cuyos montos de inversión ascienden a S/ 232 y 294 millones, respectivamente.
Asimismo, examinarán las contrataciones bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, cumplimiento de perfiles de puestos de funcionarios, acondicionamiento de ambientes y adquisición de equipos para hospitales y cambios en titularidad de terrenos. Del mismo modo, se revisará lo relacionado a consultorías, adquisición de bienes y ejecución de obras por administración directa.
Entre las obras se encuentra la millonaria adjudicación a favor de un consorcio representado por Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta y fundadora del movimiento regional ‘Wari Llaqta’, con el cual Oscorima logró llegar al gobierno regional por tercera vez y es investigada en la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho.
Con respecto a la gestión de Wegner Salcedo en Cusco, la Contraloría ha recopilado información sobre las licitaciones públicas para ejecutar obras de transitabilidad y educativas por S/ 40 millones, así como también para mejorar servicios de salud y compra de bienes para un instituto superior por casi S/ 11 millones.
También se encuentran analizando información sobre la compra de bienes para la prevención y control de incendios forestales y pastizales en la región cusqueña por S/ 2 millones.
El uso y mantenimiento de vehículo asignado a una gerencia regional, la designación de funcionarios en cargos de confianza, el cumplimento de perfiles en el referido GORE y en el Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva – Plan Meriss (Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cusco).
En el mismo el operativo de control, los auditores también ingresaron a la Dirección Regional de Transportes de Cusco para recopilar información sobre 5 adjudicaciones simplificadas otorgadas en el 2023 para la contratación del servicio de supervisión del mantenimiento periódico de redes viales por un monto total de S/ 1 millón 700 mil soles.
De esta manera, las gestiones de Oscorima y Salcedo ya se encuentran en la mira del Congreso, de la Contraloría y de la Fiscalía de la Nación que ya les inició investigación por el controvertido ‘caso Rolex’ que también involucra seriamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte.
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MTC pone fecha definitiva para que la Línea 2 del Metro opere al 100%
Trabajos de manera simultánea en 40 puntos permitirán que obra concluya en el año 2028.
A esperar cuatro años más de desvíos y tráfico infernal. El viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ismael Sutta, brindó nuevas aproximaciones sobre lo que será el funcionamiento de la Línea 2 del Metro de Lima.
Entre ellas destacó que, gracias a los trabajos simultáneos que se vienen realizando en 40 frentes de lo que será la Línea 2 del Metro, se podrán se podrán acelerar los tiempos para poder inaugurar el total de las estaciones más rápido y que el primer subterráneo del Perú opere al 100% en el 2028.
“Eso está haciendo que nuestro avance pueda ir más rápido. De acuerdo al cronograma de avance, debemos tener funcionando todo el sistema en el año 2028. Este importante sistema nos va a permitir movilizar más de 600 mil pasajeros al día, en una primera etapa, y en el 2030, un millón 200 mil pasajeros”, declaró Sutta para Panamericana Televisión.
En cuanto a las declaraciones del titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, quien manifestó hace unas semanas que la obra en su totalidad podría estar lista para los Juegos Panamericanos Lima 2027, el funcionario público precisó que no será posible.
Sin embargo, afirmó que para ese entonces ya habrán varias estaciones inauguradas, lo que facilitará el transporte de los turistas, de los aficionados de los deportes y del público en general al descongestionar las principales avenidas de los distritos y brindar una nueva opción para movilizarse.
“Estamos trabajando a ritmos acelerados. Esperamos llegar para que los Juegos Panamericanos no tengan problemas de congestión vehicular. Estamos en ese proceso. Venimos coordinando con el concesionario para adelantar algunos trabajos de tuneladora y estación para minimizar los cierres que se tienen en las vías”, dijo el viceministro.
Como se recuerda, ya se inauguraron las primeras 5 estaciones de las 27 planificadas. Estas son: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Desde que fueron abiertas al público, dichas terminales vienen funcionando de forma gratuita al aún encontrarse en marca blanca, la cual durará hasta finales de agosto del 2024.
Con el pasar de los años se inaugurarán las 22 estaciones restantes para que el subterráneo una la ciudad de Lima al recorrer los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de La Legua y el Callao en un plazo menor a los 45 minutos.
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Congreso aprobó dictamen para que contralor Nelson Shack siga en el cargo hasta designación de su sucesor
A pesar, que el proyecto de ley fue rechazado en diciembre de 2023, ayer acaba de ser aprobado en el Pleno del Congreso. El periodo de funciones del contralor culmina el 19 de julio; sin embargo, Nelson Shack permanecerá en sus funciones.
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BLANCO SAF brindó facilidades a la SMV en proceso de intervención
La institución asegura que esta acción contribuirá con reforzar su nueva política de comunicación transparente y oportuna con los inversionistas.
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Patricia Benavides en audiencia advirtió: “Me quieren destituir con un informe espurio”
Hoy el Pleno de la JNJ pretende destituir por unanimidad a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, según el informe de la magistrada Inés Tello, por “haber beneficiado a su hermana Emma” y por separar a la exfiscal Bersabeth Revilla que se encargaba de dicho caso.
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Viudas y familiares de líderes asháninkas asesinados temen por sus vidas y aseguran que no pueden regresar a su comunidad por las constantes amenazas
Familiares de los dirigentes fallecidos indican que familiares de los condenados buscan cobrar venganza.
Ganaron una batalla judicial que duró cerca de 10 años, pero aún no encuentran la tan ansiada paz. Las viudas de los dirigentes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima —asesinados por denunciar las actividades de tala ilegal en su territorio en septiembre de 2014— vienen denunciando que son víctimas de constantes amenazas por parte de algunos familiares de los sujetos que dieron muerte a los cuatro dirigentes, destacándose a la familia de Segundo Atachi, uno de los madereros condenados por los crímenes.
Los habitantes y sus líderes, como Andrés Arévalo Pérez, joven apu de la comunidad, demandan al Ministerio del Interior la implementación de un puesto policial que brinde la necesaria protección a la comunidad y a las familias afectadas por la violencia y la explotación ilegal de sus recursos naturales.
Si bien el pasado viernes se condenó a los cuatro responsables de los dirigentes asháninkas, aún persiste la tala ilegal en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, y también no cesan las amenazas contra aquellos que alzan la voz para preservar los recursos naturales; ellos aún no ven un acercamiento del Estado, o al menos una señal de buena voluntad que les brinde un poco de seguridad.
Ante ello, Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana—, exige garantías para la comunidad, así como para Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.
“Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera. Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, declaró Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo, uno de los defensores indígenas asesinados, al diario La República.
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Gobierno declara estado de emergencia en Arequipa por crecida de la ola delictiva
Medida restringirá algunos derechos en la Ciudad Blanca y se extenderá durante 20 días.
Una ciudad blanca manchada constantemente de sangre. El Gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en la provincia de Arequipa debido al ingreso de organizaciones criminales que tienen en vilo a todos los ciudadanos de la también conocida como Ciudad Blanca. Esta medida empezará hoy y se prolongará durante 20 días.
El Decreto Supremo N.º. 043-2024-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, detalla que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el orden interno provincial, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
“La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento.
“Y en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”, continúa el texto.
El estado de emergencia en la provincia de Arequipa fue declarado por veinte días calendario. Se aplicará la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales. Estos son: inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad y seguridad personales.
El DS N.º 043-2024-PCM no menciona que habrá toque de queda o que los eventos sociales y espectáculos en la zona quedan suspendidos, como sí ocurrió en los estados de emergencia declarados en los distritos de Lima y las provincias de Trujillo anteriormente.
“Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia declarado, la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior (Walter Ortiz), un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos”, indica la norma.
De acuerdo con datos proporcionados por la PNP y el Ministerio Público, Arequipa ha visto un incremento en la incidencia de delitos graves como homicidios, extorsiones, secuestros y robos en los últimos años. Un informe del año 2022 reveló que se registraron 33,930 denuncias en el periodo, incluyendo 336 por robo agravado con armas, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.
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‘Marcha blanca’ de Línea 2 del Metro de Lima se extiende hasta el 31 de agosto
Hasta la fecha se han movilizado aproximadamente tres millones de personas; sin embargo, los usuarios piden que se acelere la construcción de más estaciones. Por su parte, el Concesionario ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27.
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