Ganaron una batalla judicial que duró cerca de 10 años, pero aún no encuentran la tan ansiada paz. Las viudas de los dirigentes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima —asesinados por denunciar las actividades de tala ilegal en su territorio en septiembre de 2014— vienen denunciando que son víctimas de constantes amenazas por parte de algunos familiares de los sujetos que dieron muerte a los cuatro dirigentes, destacándose a la familia de Segundo Atachi, uno de los madereros condenados por los crímenes.

Los habitantes y sus líderes, como Andrés Arévalo Pérez, joven apu de la comunidad, demandan al Ministerio del Interior la implementación de un puesto policial que brinde la necesaria protección a la comunidad y a las familias afectadas por la violencia y la explotación ilegal de sus recursos naturales.

Si bien el pasado viernes se condenó a los cuatro responsables de los dirigentes asháninkas, aún persiste la tala ilegal en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, y también no cesan las amenazas contra aquellos que alzan la voz para preservar los recursos naturales; ellos aún no ven un acercamiento del Estado, o al menos una señal de buena voluntad que les brinde un poco de seguridad.

Ante ello, Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana—, exige garantías para la comunidad, así como para Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Julia Isabel Pérez, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.

“Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera. Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho”, declaró Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo, uno de los defensores indígenas asesinados, al diario La República.

Una ciudad blanca manchada constantemente de sangre. El Gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en la provincia de Arequipa debido al ingreso de organizaciones criminales que tienen en vilo a todos los ciudadanos de la también conocida como Ciudad Blanca. Esta medida empezará hoy y se prolongará durante 20 días.

El Decreto Supremo N.º. 043-2024-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, detalla que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el orden interno provincial, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento.

“Y en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”, continúa el texto.

El estado de emergencia en la provincia de Arequipa fue declarado por veinte días calendario. Se aplicará la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales. Estos son: inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad y seguridad personales.

El DS N.º 043-2024-PCM no menciona que habrá toque de queda o que los eventos sociales y espectáculos en la zona quedan suspendidos, como sí ocurrió en los estados de emergencia declarados en los distritos de Lima y las provincias de Trujillo anteriormente.

“Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia declarado, la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior (Walter Ortiz), un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos”, indica la norma.

De acuerdo con datos proporcionados por la PNP y el Ministerio Público, Arequipa ha visto un incremento en la incidencia de delitos graves como homicidios, extorsiones, secuestros y robos en los últimos años. Un informe del año 2022 reveló que se registraron 33,930 denuncias en el periodo, incluyendo 336 por robo agravado con armas, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.

Por lo visto, el funcionamiento de la marcha blanca de la Línea 2 del Metro de Lima, ha tenido gran demanda y una buena respuesta de los ciudadanos; por lo tanto, se ha extendido su período (de marcha blanca) hasta el 31 de agosto, según informó Jean Paul Calle, vocero del Concesionario Metro de Lima Línea 2, que está integrado por Iridium, Dragados, FCC, Webuild, Cosapi, Hitachi Rail STS y Hitachi Rail Italy SpA.

Inicialmente, este servicio gratuito como periodo de prueba estaba previsto concluir el 8 de abril, pero se tomó la decisión de esta ampliación que beneficiará a los usuarios permitiéndoles seguir disfrutando del primer metro subterráneo gratuito de Perú.

Como resultado favorable. hasta la fecha, se han movilizado aproximadamente tres millones de personas, y se espera que esa cifra se duplique en los próximos cuatro meses. 

Por el momento, los usuarios utilizan tarjetas diferentes para la Línea 1 y Línea 2, pero la entidad informó que están trabajando en una integración de tarjetas para finales del año.

En el servicio operan cinco estaciones que cubren cinco kilómetros, desde la estación de Evitamiento hasta el Mercado de Santa Anita.

En 2026 se inaugurarán más estaciones

El Concesionario Metro de Lima 2, ha proyectado que para abril de 2026 se inauguren las estaciones 25, 26 y 27, con una tarifa estándar de S/1.40 para adultos y S/0.70 para estudiantes, la cual se empezará a cobrar desde septiembre. Además, se está construyendo una estación de interconexión entre la Línea 1 y la Línea 2, que se espera esté operativa pronto.

Finalmente, el proyecto total de la Línea 2, que unirá 10 distritos a lo largo de 35 kilómetros, se proyecta que esté concluido entre 2028 y 2029.

Tras años de no darle solución al uso de celulares robados, en lugar de ser bloqueados para evitar las clonaciones y el reciclamiento de los mismos en el mercado negro, El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció que a partir del 22 abril intensificará la lucha contra la venta ilegal de celulares.

Luis Pacheco, director de fiscalización e Instrucción de Osiptel, anunció que todas las empresas operadores del servicio móvil bloquearán todo celular que se reporte como robado por un ciudadano víctima de la criminalidad.

Osiptel implementará un sistema con la lista de los equipos a bloquear, así como los equipos autorizados para funcionar en las redes móviles del país.

Aseguran que detectarán código IMEI

Según el funcionario, este sistema también detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI haya sido alterado (es decir, que sea calificado como inválido o clonado), e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.

La medida forma parte de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que fue creado por el Gobierno peruano con el Decreto Legislativo n.° 1338 y reglamentado con el Decreto Supremo n.° 007-2019-IN, con el objetivo de desincentivar la comercialización de celulares robados o de dudosa procedencia en el mercado peruano.

Se bloquearán los equipos que no estén registrados en el Renteseg

Con la tercera fase del Renteseg se implementa también la lista de celulares válidos o lista blanca, en la cual figuran todos los equipos que están autorizados para operar en las redes del servicio móvil del país. Todos los celulares con servicio activo y que forman parte del registro de abonados de las empresas operadoras del servicio móvil, al 21 de abril de 2024, pasarán automáticamente a formar parte de la lista de celulares válidos.

A partir del 22 de abril, las empresas importadoras alertarán a los equipos móviles que se activen y no estén registrados para que regularicen su situación, pero no se bloquearán por el momento.

Si un usuario recibe un mensaje de texto o SMS en el que se le indica que su celular no está registrado en la lista de celulares válidos del Renteseg, debe acudir, inmediatamente, a la empresa operadora que le vendió el celular y exigir que regularice la situación del equipo.

Importadoras tendrán que registrar sus equipos

Solo hasta el 21 de abril, las importadoras realizarán el registro en el Sistema de Carga de Información de Equipos Terminales Móviles Importados, Fabricados o Ensamblados en el País (Sicart). A partir del 22 de abril, deberán hacerlo en el nuevo Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (RETMIEF). También, a partir del 22 de abril, todos los equipos celulares traídos desde el extranjero por personas naturales para su uso personal deben ser registrados en la lista de celulares válidos o lista blanca a través de las empresas operadoras de servicio móvil que les prestará el servicio para evitar el bloqueo.

El Estado peruano ha presentado un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegurando que el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori fue conforme a la ley y que no se ha desacatado los fueros internacionales. 

El informe enviado sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, ante la CIDH, recalcó y concluyó que no cometió desacato, al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, en diciembre del 2023, restituyó el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, mediante una conferencia de prensa comunicó que el Perú ha cumplido con las normativas tanto internas como externas y argumentó que la decisión no fue impulsada por motivaciones políticas o ideológicas; sino basada en el marco constitucional y en defensa de la soberanía jurídica nacional e internacional. En esa línea, Arana solicitó que la CIDH respete la soberanía nacional.

En el encuentro hoy en Miraflores, se enfatizó la adhesión del Perú a la Convención Americana y al sistema interamericano, al tiempo que se destacó la importancia del reconocimiento internacional del respeto a las instituciones judiciales peruanas.

La Ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, nuevamente nombró en un cargo importante de su cartera a una persona cuestionada. La primera vez fue Jonatan Ríos, que fue colocado, como director ejecutivo del Programa de Saneamiento Urbano (PNSU), a pesar que no cumplía con los requisitos exigidos por el ROF; (incluso, por eso Pérez de Cuellar está siendo investigada por la Fiscalía); y luego por designar a una persona que tiene denuncias por agresiones físicas y psicológicas hacia su pareja.

El contratado por la ministra es Juan Pablo Araníbar Osorio, quien asumió el cargo de Director de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la institución, el 10 de enero de 2023, y que actualmente continúa despachando en el puesto.

Ante ello, la ministra Pérez de Cuéllar fue informada del asunto y en respuesta a esta denuncia, ella asevera que ya se ha iniciado una investigación al respecto.

Resolución Ministerial N° 013-2023-Vivienda que designa a Juan Pablo Araníbar Osorio

Ministra Hania de Pérez de Cuellar no separará al funcionario hasta que sepa el resultado de indagaciones

«Sí tengo esa información. Ya se están haciendo las investigaciones del caso. También se le ha pedido los descargos al señor. Así que, si en función de las investigaciones a las cuales llegaremos, tomaremos las medidas respectivas», refirió.

«[Evaluar su salida] Por supuesto que sí. Lo que es importante es que haya el derecho a la persona a ofrecer su descargo y derecho a la investigación, en función a lo que resulte se le retirará la confianza. Eso ténganlo por seguro. No vamos a mantener a ninguna persona que tenga una inconducta ya sea como trabajador o funcionario, obviamente en el seno personal», añadió, la titular de Vivienda.

Según el registro de denuncias policiales de Araníbar Osorio, a las que accedió Latina, fue acusado de ejercer violencia psicológica y física y de hasta abandonar su hogar, según consta en los documentos. La primera denuncia se registró el 19 de enero del 2018 en la comisaría de Chacarilla del Estanque, en Surco y según lo narrado por la esposa (denunciante) de Araníbar Osorio, la violencia psicológica se daba a través de insultos, menosprecios, hostigamiento y difamaciones y con respecto a la violencia física, la víctima afirmó que registró moretones por intento de ahorcamiento y agresiones muy violentas en todo el cuerpo:

«Respecto a la violencia física se ha dado mediante arrastres, jalones del cabello, arañones, moretones, intento de ahorcamiento, intento de romperle los brazos, golpes de patadas en todo el cuerpo luego de derribarle al piso y cada vez las agresiones son más violentas llegando incluso a intentar electrocutarle con una máquina pasa corriente, así como también ha intentado botarle del carro en movimiento», se esgrime.

Araníbar Osorio continuó con sus agresiones y fue detenido Los actos de violencia de Juan Pablo Araníbar continuaron aún más y el 7 de julio del 2019 fue nuevamente denunciado por su esposa, quien declaró ante la Policía haber recibido golpes en la cara y constantes insultos, así como hostigamiento y amenazas, semejantes a los hechos ocurridos en el 2018 y producto de la nueva golpiza, trasladaron a la denunciante al Instituto de Medicina Legal y se le practicó las pericias correspondientes; entonces, al lugar llegó el funcionario del Ministerio de Vivienda, e inmediatamente fue detenido por los efectivos de la Policía por haber cometido el presunto delito contra la vida, cuerpo y la salud; sin embargo, Araníbar Osorio se negó a firmar el acta de detención y la constancia de buen trato, como se dejó constancia en la comisaría de San Borja.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas este lunes 15 de abril mediante un comunicado informaron que un militar murió durante enfrentamientos contra los remanentes terroristas de Sendero Luminoso, ocurrido en el VRAEM.

El técnico tercero Edgar Tiburcio Espinoza, es el valeroso militar caído en acción.

El VRAEM: Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, es una zona ubicada en la selva de las provincias de Huanta (Ayacucho), Satipo (Junín) y La Convención (Cusco), donde se ocultan las actividades del narcotráfico vinculado a los remanentes de Sendero Luminoso.

Comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

15 de abril 2024- 3:35 pm.

“El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comunica a la ciudadanía:

Desde las 3.30 horas del día de hoy, se han intensificado las operaciones militares conjuntas, con el objetivo de neutralizar los campamentos de la fuerza principal de la organización terrorista Sendero Luminoso en el VRAEM.

Durante estas operaciones, lamentamos informar el sensible fallecimiento nuestro compañero de armas, el Técnico Tercero MGP, Edgar Tiburcio Espinoza, quien ofrendó su vida en la lucha contra los remanentes terroristas, en defensa de la democracia y la paz de nuestra Nación. Expresamos a sus familiares, con profundo pesar, nuestras condolencias.

A la emisión del presente comunicado nuestro personal de las fuerzas especiales conjuntas, continúan operando en la zona, con apoyo del Comando Operacional Aéreo y el Comando Especial VRAEM, además de la participación del representante del Ministerio Púbico”.

¡Unidos, firmes y dignos al servicio de la patria!

Esas hermosas cumbres cubiertas de nieve, las preferidas por los turistas para tomarse una foto, poco a poco serán solo un recuerdo irreparable. Un llamado de alerta lanzó el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) al advertir que la cordillera Huaytapallan en la región Junín ha perdido el 72 % de su masa glaciar debido al cambio climático ante la acumulación de contaminantes atmosféricos como el hollín que afectan los ecosistemas de la zona.

La situación es de alta preocupación debido a que el Huaytapallana colinda con el drenaje de ácido de roca, así como la formación de nuevas lagunas que avivan el temor de desembalses además del impacto del recurso hídrico del que depende la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín.

Al respecto, Vladimir Yáñez Rodríguez, titular de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, de la región Junín, declaró que se busca enfrentar dicho problema con proyectos de inversión.

Indicó que la pérdida de glaciares es un tema de alta preocupación y que se ha propuesto la creación de una Dirección Especializada en Recurso Hídricos para generar proyectos sostenibles con miras al año 2050.

De acuerdo al informe del Inaigemdesde el año 1962 al 2020, los andes peruanos han perdido el 56.2% de su masa glaciar y en el caso de la cordillera Huaytapallana la pérdida de su masa es del 71.6%, lo cual es una situación bastante crítica.

El Inaigem, organismo adscrito al Ministerios del Ambiente (Minam), mediante el “Proyecto Carbono Negro” realiza monitoreo de la cordillera Huaytapallana, a fin de determinar el estado situacional del glaciar debido a la acumulación de los contaminantes atmosféricos como el hollín y el cambio climático, que afectan sus ecosistemas.

Gigante blanco en proceso de desaparición. Investigadores pronostican que nevados como el Huaytapallana podrían desaparecer en el año 2050.

Al respecto cabe señalar que la dinámica glaciar se estudia con equipos especializados que permiten realizar mediciones en el aire y en la superficie glaciar. 

Para el primer caso (aire), se observa las fases de la precipitación, la temperatura del aire, la humedad, y las concentraciones de contaminantes atmosféricos. 

 En el caso de la superficie glaciar, se realiza mediciones mensuales para observar la densidad de la nieve y su profundidad, la acumulación de materiales como el hollín producto de la actividad humana (quema de pastizales y de desechos agrícolas, contaminación del parque automotor), lo cual tienen un impacto negativo al provocar un derretimiento acelerado del glaciar.

La nieve es una de las principales variables influyentes durante el proceso de acumulación de un glaciar pues actúa como un reservorio temporal de agua en forma sólida, desempeñando un rol importante en el volumen de agua en las cuencas altas. La nieve al ser un manto blanco, actúa como un aislante térmico para el campo de hielo.